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Sociology

Nuevas perspectivas sobre militancias de alto riesgo: Ciudad de Guatemala, 1980–1985

Author:

Manolo E. Vela Castañeda

Universidad Iberoamericana, MX
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Abstract

This article proposes a new theoretical approach to analyze high-risk militancy. It argues that, in addition to Doug McAdam’s original idea of biographical availability, it is necessary to integrate three analytical perspectives: what here is called high-risk repertoire; an analysis of mobilization structures; and a more precise understanding of time, for which is proposed the concept of a high-risk situation. This new theoretical approach is put to the test in the microanalysis of the life trajectories of four militants in Guatemala City from 1980 to 1985. The high-risk perspective is used here to understand a dimension of enforced disappearance, focused on the militants, their contexts, and their reasons for remaining despite the high risk.

 

Resumen

En este artículo propongo un nuevo enfoque teórico para analizar la militancia de alto riesgo. Argumento que, a la idea original de disponibilidad biográfica, de McAdam, es preciso integrar tres perspectivas analíticas: lo que aquí llamo repertorio de alto riesgo; un análisis de las estructuras de movilización; y, un entendimiento más preciso del tiempo, para lo cual propongo el concepto de situación de alto riesgo. Este nuevo enfoque teórico es puesto a prueba en el análisis micro de las trayectorias de vida de cuatro militantes que se hallaron en Ciudad de Guatemala, en una perspectiva de tiempo que va de 1980 a 1985. La perspectiva de alto riesgo es empleada aquí para entender una dimensión de la desaparición forzada, enfocada en los militantes, sus contextos y sus razones para, a pesar del alto riesgo, haber decidido permanecer.

How to Cite: Vela Castañeda, M. E. (2021). Nuevas perspectivas sobre militancias de alto riesgo: Ciudad de Guatemala, 1980–1985. Latin American Research Review, 56(4), 831–843. DOI: http://doi.org/10.25222/larr.1011
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  Published on 07 Dec 2021
 Accepted on 08 Sep 2020            Submitted on 18 Jul 2019

En este artículo propongo un nuevo enfoque teórico para analizar la militancia de alto riesgo. Argumento que, a la idea original de disponibilidad biográfica de Doug McAdam, es preciso integrar tres perspectivas analíticas: lo que aquí llamo repertorio de alto riesgo; un análisis de las estructuras de movilización; y, alcanzar un entendimiento más preciso del tiempo, para lo cual propongo el concepto de situación de alto riesgo.

Este nuevo enfoque teórico es puesto a prueba en el análisis micro de las trayectorias de vida de cuatro militantes. Desde estas trayectorias de vida es posible captar un caso: la Ciudad de Guatemala en una perspectiva de tiempo que va de 1980 a 1985.

¿Qué es el activismo de alto riesgo? Es la decisión de permanecer en una posición de activismo social, aun cuando las condiciones del entorno se hacen cada vez más riesgosas para los militantes. El incremento en el riesgo se debe a la respuesta, cada vez más represiva, que el Estado da a las demandas que los activistas sociales le plantean.

La perspectiva de alto riesgo es empleada aquí para entender una dimensión de la desaparición forzada. Los estudios sobre el tema se han enfocado en los centros clandestinos de detención y los familiares de las víctimas de la desaparición. En lugar de estas dos perspectivas, aquí se emplea la perspectiva del alto riesgo para enfocar a quienes iban a ser secuestrados, sus contextos y sus razones para, a pesar de todo, haber decidido permanecer allí.

En la primera parte del artículo expongo cuatro trayectorias de vida. En la segunda parte analizo, desde la teoría, las trayectorias de vida de estos militantes para entender la decisión de quedarse. Antes presentaré tres puntos: sobre el concepto de alto riesgo; el caso y el contexto; y sobre el método.

Sobre el concepto de alto riesgo

Mucha historia ha corrido desde que, en 1986, Doug McAdam empleara el concepto de alto riesgo. El concepto emerge del estudio basado en el análisis de las fichas de información que estudiantes —mayoritariamente blancos— del norte de Estados Unidos llenaron, en 1964, para ser parte de la campaña “verano de libertad”, en Misisipi.

En la interpretación original, McAdam (1986) plantea una combinación entre riesgo (alto/bajo) y costo (alto/bajo). Por riesgo se entiende: “los daños —legales, sociales, físicos o financieros— anticipados de comprometerse en algún tipo de actividad” (McAdam 1986, 67). El costo era conceptualizado así: “el gasto de tiempo, dinero y energía, que le son requeridas a una persona que participa en alguna forma de activismo” (67). Atendiendo a la combinación de estos cuatro elementos (riesgo alto o bajo, y costo alto o bajo), así son las condiciones para el reclutamiento de activistas.

El activismo de alto riesgo apunta hacia una condición: la disponibilidad biográfica, estar relativamente libre de otras responsabilidades; como por ejemplo, empleos de tiempo completo, matrimonio y responsabilidades familiares (McAdam 1986). Esta condición —la disponibilidad biográfica— pone en marcha un proceso cíclico, de mayor integración a las redes del movimiento social, que, a su vez, lleva a una profundización ideológica con los objetivos, los compromisos, los valores y con la identidad del movimiento. Ello deriva en la construcción de una identidad. El activismo de alto riesgo es, en definitiva, el resultado de una integración cada vez más profunda en las redes organizativas; lo que lleva a un proceso de resocialización e internalización de un nuevo rol (McAdam 1986).

Después de la idea seminal de McAdam, en 1991, Gregory Wiltfang y Doug McAdam llevaron el esquema de análisis a otro caso, el movimiento santuario, un grupo de ciudadanos norteamericanos del Estado de Arizona dedicados a ayudar a inmigrantes centroamericanos. El estudio refina el esquema original, señalando que en tanto que la disponibilidad biográfica coadyuva con el activismo de alto costo (mayor número de horas dedicadas al movimiento), la integración de largo plazo al movimiento, que lleva a la internalización de los valores, coadyuva con el activismo de alto riesgo (en este caso transportación de centroamericanos) (Wiltfang y McAdam 1991).

En 1998, Mara Loveman analizó, desde la idea de alto riesgo, la fundación de los movimientos de derechos humanos en Argentina, Chile y Uruguay. La idea aquí fue probar el papel de las redes interpersonales, el acceso a recursos, la construcción de identidades y las modalidades y la extensión de la represión estatal, como factores que emergen en una coyuntura en la que —aparentemente— no hay oportunidades políticas para los movimientos sociales (Loveman 1998).

En 1999, Sharon Erickson Nepstad y Christian Smith probaron el esquema de análisis en otro caso, Nicaragua Exchange, una organización de solidaridad con Nicaragua que, entre 1983 y 1987, llevó a jóvenes norteamericanos a este país centroamericano para realizar diversas tareas. Aquel era el contexto del despliegue de la revolución sandinista y la guerra contrarrevolucionaria. Nepstad y Smith analizaron fichas de los que se enlistaron y de aquellos que, enlistándose, al final, desistieron de ser parte de la campaña. Introduciendo la agencia, uno de los hallazgos más relevantes de Nepstad y Smith es cómo la disponibilidad biográfica podía no ser un valladar para la participación en movimientos sociales, porque existen estrategias, que ellos engloban en el término: “habilidad para gestionar las restricciones” (39).

En “Multi-Sectoral Coalitions and Popular Movement Participation”, Paul D. Almeida (2005, 73), analizando un ciclo de movilización social en El Salvador durante un momento autoritario (los años setenta y ochenta), propone que la investigación en torno a la militancia de alto riesgo debe prestar más atención a lo que él llama “la estructura de la red multisectorial que hace parte de la coalición de oposición”. Almeida afirma que en contextos autoritarios “el patrón estructural de los vínculos organizativos puede ser fundamental para sostener una movilización de alto riesgo” (90). Pero, ¿de qué forma se concreta esto? Esto se da en la medida en que estos vínculos organizativos proveen “entornos sociales limitados e interacciones intergrupales, que animan a las personas a seguir contribuyendo en el movimiento” (90).

En 2006 Jocelyn Viterna pone a prueba un nuevo esquema de análisis para el micronivel de la movilización en condiciones de alto riesgo. La autora propone una relación entre la influencia neta de las redes, que está determinada por el número de lazos que forman parte de la red, y la fuerza emocional y la proximidad espacial de las redes; y, la influencia neta de las barreras biográficas a la participación. Esta relación da como resultado el activismo, pero, en definitiva, la respuesta represiva del Estado lleva a que activistas tomen el camino de la guerrilla (Viterna 2006, 2013). Viterna propone múltiples trayectorias de movilización donde intervienen la biografía, las redes y los contextos situacionales.

La militancia de alto riesgo comprende un rango muy amplio de sujetos, los estudiantes, en el estudio de D. McAdam, que da pie al concepto original; los ciudadanos, decididos a apoyar a migrantes, en el estudio de Wiltfang y McAdam; los activistas de derechos humanos en Chile, Argentina y Uruguay, en el estudio de Loveman; los jóvenes que estuvieron dispuestos a viajar a Nicaragua en solidaridad con la revolución, en el estudio de Nepstad y Smith; y las mujeres guerrilleras, en el estudio de Viterna. Más fuentes de investigación, que nos ayuden a afinar el esquema de análisis, serán las que comprueben que el concepto sigue siendo útil para entender este conjunto variado de formas de militancia.

Emplearemos en este estudio la idea de redes de organizaciones sociales. Estas redes de organizaciones sociales pueden tener tres formas: ser públicas, clandestinas, o mixtas. Las públicas son aquellas que desarrollan su actividad a la vista de todos; las clandestinas son aquellas que realizan sus actividades bajo códigos de secretismo, donde interviene la compartimentación y el centralismo; y las mixtas son aquellas estructuras públicas en las que se hallan o tienen relación con militantes clandestinos. Estas redes son definidas como bolsones organizativos que plantean demandas al Estado. Para ello dichas redes desarrollan un repertorio (Tilly 1978). Este es entendido como un conjunto de acciones para posicionar sus demandas. Las estructuras organizativas son fundamentales para soportar el repertorio, proveer recursos, instalaciones, centros de reclutamiento, liderazgos, entre otros (Zald y McCarthy 1979).

El análisis del alto riesgo requiere de un entendimiento de las dinámicas de la contienda (McAdam, Tarrow y Tilly 2001), de qué forma el Estado responde frente al repertorio de las organizaciones y movimientos sociales, que plantean diversos desafíos; y cómo la interacción —entre los contendientes— evoluciona, se modula, a lo largo del tiempo. El alto riesgo es —en definitiva— una percepción que se fundamenta en hechos históricos, escaladas represivas, secuencias de eventos violentos, o también, un solo evento represivo. Se trata de captar las variaciones en la respuesta del Estado. Estas variaciones dan forma a situaciones de alto riesgo, en las que el empleo de la violencia forma parte del escenario. La decisión de dar un giro a la militancia deriva de una amenaza directa: ¿qué entendemos por esto? La caída —en manos de las organizaciones de seguridad del Estado— de varias personas del entorno laboral, de militancia, o familiar del militante.

El caso y el contexto

En la ciudad de Guatemala, a lo largo de 1980, la respuesta violenta de parte del Estado al ciclo de movilización urbana fue escalando: del ataque policial, el 31 de enero, frente a la toma —de parte de campesinos— de la embajada de España (Comisión para el Esclarecimiento Histórico [CEH] 1999e); se pasa a la huelga de trabajadores rurales, entre febrero y marzo, en varias fincas —sesenta— de la costa sur (Foster 2011); para llegar a la marcha del primero de mayo, en la que se empleó, como consigna principal, el llamado “A derrocar a la dictadura criminal de Lucas, y la instauración de un gobierno revolucionario, popular y democrático” (Gutiérrez 2011; CEH 1999c).

El 21 de junio unidades de las fuerzas de seguridad del Estado irrumpieron en la sede de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Aquella operación llevó al secuestro y posterior desaparición de alrededor de veintisiete dirigentes. El 24 de agosto, fuerzas de seguridad del Estado irrumpieron en la finca Emaús, Escuintla, en una nueva reunión de lo que había quedado de la central sindical. Con ambas operaciones, el Estado descabezó a las organizaciones de trabajadores. En total, cuarenta y tres dirigentes fueron víctimas de desaparición forzada. Para poner en contexto los eventos del 21 de junio y del 24 de agosto, Marta Gutiérrez (2011, 2) afirma que “Las dimensiones del secuestro de los 43 sindicalistas en 1980 lo hace único en la historia de América Latina”.

Las operaciones de junio y agosto de 1980 contra la columna vertebral de las organizaciones de trabajadores fueron antecedidas de una campaña sistemática de terror selectivo. Entre diciembre de 1978 y mayo de 1980 tres secretarios generales del sindicato de la empresa Coca-Cola (el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Guatemala, STEGSA) habían sido asesinados, Pedro Quevedo (12 de diciembre de 1978), Manuel López Balam (5 de abril de 1979) y Marlon Mendizábal (27 de mayo de 1980) (Levenson-Estrada 1994; CEH 1999d).

Después de lo acontecido contra la dirigencia de la CNT, y hasta principios de 1984, un nuevo grupo formado por cinco sindicalistas decidió retomar el trabajo de articulación entre las organizaciones. De ellos únicamente dos sobrevivieron, entre estos se halla Rodolfo Robles, dirigente del sindicato de Coca-Cola (Albizurez y Ruano 2009; Villatoro 1983–1985; CEH 1999b).

En este contexto se da una innovación en los actores de la protesta. En junio de 1984 un nuevo actor toma por asalto el escenario, son los familiares de los detenidos desaparecidos quienes plantaron cara a los militares (Phé-Funchal 2011). El gobierno militar otorgó un compás de espera al repertorio que este grupo de mujeres le planteó; hasta que, en marzo y abril de 1985, respondió secuestrando y exponiendo públicamente los cadáveres torturados de una de las dirigentes del GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo; su hijo y el hermano, así como de otro integrante de esa agrupación (Phé-Funchal 2011).

Sobre el método

En este estudio trabajaremos con las trayectorias de vida de cuatro militantes. Las trayectorias de vida fueron reconstruidas a partir de entrevistas en profundidad, hechas entre 2017 y 2019. Durante esos tres años realicé estancias de trabajo de campo en Ciudad de Guatemala. En total, con este grupo de informantes hice veinte entrevistas. Algunos de los encuentros se realizaron en los hogares de los entrevistados, otras tuvieron lugar en cafeterías. La duración de las entrevistas fue —en promedio— de una hora y treinta minutos. Las preguntas indagaban en la experiencia vital del informante, empleando un esquema que ordenaba el tiempo en un antes, durante y después, de períodos especialmente traumáticos. Se transcribieron todas las entrevistas, y las transcripciones en papel fueron compartidas con los informantes.1 A todos los informantes se les presentó una carta de consentimiento informado que firmaron. Además, una versión de este artículo ha sido compartida con cada uno de los informantes, cuya trayectoria de vida es abordada en este estudio.

Los cuatro casos fueron seleccionados de una muestra mayor compuesta por militantes, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y familiares de detenidos desaparecidos. Dicha muestra forma parte de un proyecto más amplio que busca estudiar la desaparición forzada desde tres perspectivas: la militancia de alto riesgo; los centros clandestinos de detención; y las luchas de los familiares de los detenidos desaparecidos.

Los casos fueron seleccionados a partir de una tipología de militantes urbanos —provenientes del mundo del trabajo— de alto riesgo: el sindicalista que se hace combatiente urbano; el sindicalista que permanece; el abogado laboralista que atiende a sindicatos; y el familiar de un detenido desaparecido. Además de esta tipología, contamos con tres casos de permanencia y un caso de abandono temporal de la militancia; lo que permite probar —esa es la apuesta— el funcionamiento de la explicación.

¿Qué hace comparables estas cuatro trayectorias? Mi esquema de análisis: disponibilidad biográfica y estructuras de movilización, situación de alto riesgo, y repertorio de alto riesgo. Los casos nos permiten tener una breve, pero profunda mirada a las trayectorias de cuatro militantes, de cómo afrontan las condiciones de alto riesgo.

Los diversos caminos de las militancias de alto riesgo

Álvaro René Sosa: Hacerse clandestinos

En 1976, Álvaro consiguió un trabajo como repartidor, en Ciudad de Guatemala, de Diana, empresa que produce frituras empaquetadas. Allí él formó parte, como secretario de organización, de la formación del sindicato. En búsqueda de apoyo, el sindicato de Diana buscó una alianza con una central sindical, y así fue como llegaron a la CNT. Años más tarde, en 1979, Álvaro fue electo secretario general adjunto de esta central.

En 1978 Álvaro fue reclutado por las FAR. A partir de allí se transformó en un militante mixto: en público, él era miembro de la junta directiva del sindicato de la empresa donde trabajaba, y en esa calidad participaba de las dinámicas de la CNT; de forma clandestina, Álvaro era militante de una de las guerrillas que realizaba trabajo organizativo en el sindicato y en la central. A partir de allí iba a ocurrir algo que daría un giro a la historia de Álvaro.

Invitado por FSM, la Federación Sindical Mundial, a finales de enero de 1980, Álvaro salió a un curso de formación sindical que tuvo lugar en Cuba. Desde allá fue testigo, el 31 de enero de 1980, de la respuesta del Estado frente a la toma de la embajada de España; así como el secuestro, el 21 de junio de 1980, de más de veinte integrantes de la CNT que se hallaban reunidos en su sede, ubicada a escasos metros del palacio nacional. Sobre este hecho, Álvaro reflexiona: “yo tenía que estar allí, allí hubiera estado; si no salgo me hubiera ido entre los 27, fuéramos 28”.2

En respuesta a la escalada represiva, Álvaro dio un giro a su militancia: “tomé la decisión de que yo ya no iba a regresar para hacer labor sindical”; en lugar de esto, la idea ahora era “formar parte del frente guerrillero”. Lo que estaba en juego era la vida misma: “estaba seguro que, si regreso, me hubieran matado”. La idea que animó esa decisión era una lectura de lo que estaba pasando en la arena política guatemalteca: “consideré que los espacios políticos se habían cerrado, que ya no había forma que hubiera una expresión política abierta y legal, porque quienes exigían libertades sindicales estaban siendo asesinados”.

Y así, él que dejó el país, en enero de 1980, como secretario de organización del sindicato de Diana y como secretario general adjunto de la CNT, regresó, en abril de 1981, como cuadro militar de las FAR. A partir de allí, Álvaro dejó de ser un militante mixto, se hizo clandestino. ¿Qué cambió? “Tuve que desligarme de la familia; y, no podía movilizarme en lugares públicos a cualquier hora”. Y a pesar de ello, Álvaro intentó mantener una relación con sus hijos: “tenía que usar métodos, así como de improviso, no les anunciaba cuándo, ni a qué hora; sabía cómo localizarlos, en la calle, los fines de semana, un domingo”.

Entre 1981 y 1984, las unidades militares, en Ciudad de Guatemala, de las FAR, lograron —sin contratiempos— operar. Hacia marzo de 1984, una serie de acciones del Ejército llevaron al desbaratamiento de aquella estructura. Pero eso no es objeto del presente estudio.

El caso de Álvaro nos ilustra cómo, frente a un contexto en el que los niveles de riesgo se incrementan, los militantes, en lugar de replegarse hacia su vida privada o tomar el camino del exilio, deciden, en una especie de salida hacia delante, profundizar su militancia. ¿De qué forma? Pasando de una militancia mixta —clandestina y pública— a una militancia completamente clandestina, militar y urbana: un repertorio de alto riesgo. Aquella decisión iba a encontrar apoyo en las estructuras de movilización de la organización guerrillera en la cual Álvaro militaba. La situación de alto riesgo se presenta con particular nitidez: se trata del 21 de junio de 1980, el ataque de las fuerzas estatales a la sede de la CNT. Si bien, no se trata de un ataque directo a Álvaro, porque él se hallaba, en ese momento, fuera del país, sí comprometió a su entorno organizativo más cercano.

Sergio Beltetón: El valor de persistir, quedarse cuando todos ya se habían ido

En 1978, Sergio Beltetón empezó a trabajar en el Banco de Guatemala, en donde formó parte del sindicato y de la FESEBS, Federación Sindical de Empleados Bancarios. En ese contexto, Sergio fue reclutado por las FAR.

Al terminar sus estudios de derecho, en 1981, en la Universidad de San Carlos, Sergio tomó la decisión de “ser asesor jurídico de los trabajadores”.3 Para ello, a través de las estructuras de las FAR, él llegó a la CNT; se incorporó a un equipo de abogados.

¿Cómo funcionaba aquel equipo de abogados? “la sede era nuestra oficina, la fachada, una oficina de abogados cualquiera, que estaba en avenida de Las Américas”. El área de la avenida de Las Américas se caracteriza por ser una zona en Ciudad de Guatemala donde se hallan las sedes de embajadas. Así, frente a la represión del Estado contra las organizaciones de trabajadores, el entorno proveía, aparentemente, a aquella oficina de abogados, de una leyenda. La relación entre el equipo de abogados y los trabajadores pretendía guardar ciertas reglas de seguridad: “alquilé como diez veces oficinas, porque al menor susto [signos de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado] nos salíamos”. Pero ¿cómo se daba la articulación entre el equipo de abogados y los trabajadores? “los sindicalistas no llegaban allí [a nuestra oficina]. A los trabajadores los atendíamos en comedores, restaurantes chinos, parques, en las sedes de ellos, en los centros de trabajo”.

Aquel ya no era el tiempo del auge de las organizaciones sindicales, era el tiempo de la sobrevivencia: “yo llegué en un momento muy malo, depresivo. Casi no había trabajo sindical. Nos dedicábamos a mantener contactos con la gente que teníamos”. Lo que se buscaba en la negociación de los pactos colectivos ya no eran demandas de los trabajadores sino la mera “estabilidad laboral, que no despidieran a la gente, mantener la organización. Estábamos a la defensiva”. Entre 1981 y 1984, el trabajo se redujo a mantener contactos, y hacer comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos: “La consigna era sostener las organizaciones. La orientación era que ya dentro de poco íbamos a volver a salir a la luz pública”.

A lo largo de 1983, la estructura de apoyo al trabajo sindical de las FAR había sido objeto de persecución, registrándose las desapariciones forzadas de varios abogados y militantes que tenían a su cargo el trabajo de asesoría hacia las organizaciones de trabajadores: América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar (25 de marzo), Ana Lucrecia Orellana Stormont y Edgar Raúl Rivas (6 de junio), María Ángela Ayala Saravia (13 de junio) (CEH 1999a). Hacia finales de 1983 ya todos —el equipo de abogados— se habían ido fuera del país, hasta la secretaria renunció: “Solo era yo de abogado, Samuel [Samuel Amancio Villatoro] y Otto [Milquicidet Barillas]”. Samuel Amancio Villatoro era el responsable de las FAR para atender el trabajo organizativo con sindicatos; en tanto que Milquicidet Barillas era el encargado de las milicias, la actividad paramilitar que los militantes llevaban a cabo. El 30 de enero de 1984, Samuel Villatoro fue secuestrado. Milquicidet Miranda Contreras fue secuestrado al día siguiente, el 31 de enero de aquel mismo año (Villatoro 1983–1985b).

La dinámica de trabajo de la oficina de apoyo legal de la CNT tenía una parte clandestina, que se daba con las reuniones de Sergio con Samuel y con Otto; y otra parte, que era semiclandestina, que se daba con las reuniones con dirigentes y militantes de los sindicatos.

Quedarse, tomar el camino del exilio, o simplemente replegarse a la vida privada era una decisión que se hallaba sostenida por una serie de alfileres que daban la idea de un cierto entorno de seguridad: “el problema es cuando tenías contacto con otro: vos no delatabas si no tenías contactos, nombres, direcciones, lugares de trabajo. El problema era cuando eras compañero de clases, de barrio. Si no teníamos contacto próximo, no tienen cómo dar”. Pero los alfileres se quebraban cuando, por ejemplo, se caía en la cuenta que, en ese contexto mixto —clandestino, pero también público—, mantener la identidad en secreto era imposible: “Mi nombre nunca lo conocían; aunque, se hubiera podido averiguar de las reuniones que había con el Ministro de Trabajo”. O también, que los tiempos entre una captura, que podía llevar a otra, la de uno mismo, eran muy cortos, lo que impedía que la siguiente víctima pudiera tomar sus precauciones: “no se sabía [de las capturas] porque era muy rápido todo”.

La decisión de quedarse se sustentó en la profesión: “Yo decía: ¿de qué voy a trabajar [en el extranjero]?, ¿qué voy a hacer?, si soy abogado”. También, la vida clandestina termina convirtiendo el alto riesgo en una rutina: “Uno se acostumbra a estar bajo esa presión, y no se piensa que uno va a morir o que hay posibilidades que eso suceda”. A la rutina de alto riesgo se agrega la inercia: “A cada rato se planteaba uno eso, de ya no seguir, pero uno seguía, por inercia. Me entraban crisis nerviosas. Pero, para no sentir tanto miedo, no le daba importancia”.

Tal era el elevado riesgo, que la propia “responsable” de Sergio le felicitó por su permanencia: “—Porque, ante todo lo que está pasando, no te retiraste, recuerda Sergio que le dijo. Yo no lo hice por valentía, sino por inercia. —Pues, ya que me lo decís, creo que me voy a retirar, le dije, así bromeando. Pero después fueron por ella, la secuestraron”.

El caso de Sergio nos permite entender las dinámicas que se vivían después de la represión contra las organizaciones de trabajadores. No es la perspectiva desde un sindicato, sino que es la perspectiva desde la central sindical. Y no es la voz de un militante de un sindicato, sino la de un abogado que militaba en una organización insurgente y que trabajaba para los sindicatos, brindándoles asesoría legal.

El caso de Sergio nos lleva al día a día del alto riesgo: su incorporación, como inercia, rutinización, normalización, aplicando, con disciplina, un conjunto de medidas de seguridad, las cuales —era la creencia— salvarían a los militantes de la respuesta estatal. La aplicación de esta serie de medidas de seguridad configura un repertorio de alto riesgo, provisto por la organización clandestina, una estructura de movilización.

La situación de riesgo se ubica aquí entre marzo y junio de 1983, cuando las fuerzas del Estado capturan y desaparecen a varios militantes de las FAR. Se trató de un ataque directo a la red de organizativa de la que Sergio formaba parte.

Rodolfo Robles: Clandestinizar la organización

En 1979, el mismo año en que se casó, Rodolfo Robles empezó a trabajar como vendedor de ruta en la empresa Coca-Cola. En aquel momento alternaba los estudios, en la Universidad de San Carlos estudiaba derecho, con el trabajo. Además de ello, Rodolfo formaba parte de las estructuras clandestinas de las FAR.

Entre 1978 y 1980, el sindicato de Coca-Cola experimentó una escalada represiva por parte del Estado. En ese contexto, los militantes continuaron participando en su organización, pero, para incrementar su percepción de seguridad, tomaron un conjunto de medidas.

En febrero de 1984, Coca-Cola Guatemala se declaró en bancarrota. Frente a ello, los trabajadores, para proteger sus puestos de trabajo, decidieron tomar las instalaciones de la planta. Aquel conflicto iba a extenderse por trece meses, hasta que, en marzo de 1985, se llegó a un acuerdo para la reapertura de la planta y la recontratación de los trabajadores. El sindicato alcanzó a sobrevivir. Antes, en junio de 1983, Rodolfo había aceptado su designación como secretario general del sindicato.

La primera de estas medidas fue “cerrar” el sindicato: “El sindicato no podía permitir que cualquiera se afiliara”.4 Con ello, los sindicalistas pretendían protegerse de los agentes de fuerzas de seguridad del Estado, que podían infiltrarse en la planta: “era preferible tener un grupo mínimo de afiliados, que no un montón de gente que no se sabía si eran infiltrados”. Hacia 1983, el sindicato llegaba a apenas al 10 por ciento de los trabajadores de la empresa (sesenta de seiscientos).

También, los trabajadores decidieron ocultarle al Ministerio de Trabajo los listados de afiliados y de los integrantes de la junta directiva del sindicato: “En ese tiempo, muchas organizaciones sindicales, sus dirigentes tenían la aceptación de las bases a nivel interno, pero muchos de esos dirigentes no estaban inscritos en el registro del Ministerio”. La razón de ello se halla en la idea de que el Ministerio trasladaba esa información a los cuerpos de seguridad del Estado: “Se sabía que el Ministerio trasladaba la lista de dirigentes a los cuerpos de investigación”.

Los ciclos normales del día: el ir de la casa a la fábrica, y de la fábrica a la casa sufrió modificaciones: “Uno de los aspectos más vulnerables es justo eso: moverte a la casa”. Aquello formaba parte de las rutinas diarias que se ajustaban a un horario, y que hacían a los militantes, blancos de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿De qué forma se alteró esto? Hallarse en una empresa que contaba con grandes extensiones dedicadas a talleres, bodegas, oficinas, producción, embotellado, almacenamiento y transporte; fue aprovechado por los trabajadores, para hacer de la planta su fortaleza: “Los compañeros que ya se había detectado que estaban bajo vigilancia, se les recomendaba que se quedaran aquí, y así, se fue haciendo normal que los compañeros se quedaran a dormir en la fábrica”. Aquella estrategia fue tomando forma a través de la infinita creatividad que surge de la resistencia: “en el área de talleres unos compañeros hicieron un cuarto secreto. Parecía que era cielo falso, pero estaba acondicionado para pasar la noche. Y así como ese había varios lugares más”.

Pero también, cuando los trabajadores debían salir de la fábrica se tomaban medidas de seguridad: “salía un compañero a tomar el bus, entonces, se iban varios con él, y se quedaban esperando el bus, y si no iban al mismo lugar, ya se bajaban”.

Hacia 1984, cuando los trabajadores del sindicato tomaron la planta, ellos se hicieron con vehículos que eran propiedad de la empresa, de esa cuenta: “Para salir, los compañeros usaban un carro que era del dueño de la empresa. Esos eran carros con los vidrios polarizados y con placas confidenciales”.5

Los sindicalistas toman la decisión, también, frente a aquellas circunstancias, de tener a compañeros del sindicato que actuaban como escoltas, guardaespaldas: “El trabajo nuestro, sin ser ubicados, era cuidarlos, como guardaespaldas. Yo movilizaba a alguno; y, otros compañeros se llevaban a alguien a su casa”. En ese contexto, “Portar armas ya era muy normal”.

Al mismo tiempo que se tomaban estas medidas de seguridad, también se desarrollaban estrategias para sobrellevar el terror, porque, recuerda Rodolfo: “Había que controlar el miedo, el terror. Había que tener miedo, pero no terror, porque el terror paraliza. Era natural tener miedo”. La cultura de terror era la que imposibilitaba que el sindicato pudiera crecer en su militancia. Por tanto, el sindicato se enfocó en esto: “Tratábamos que la gente venciera el miedo fortaleciendo su yo personal, a través de eventos y actividades que ellos mismos desarrollaban. Entonces, la gente sabía que era importante lo que estaba realizando”. El tipo de eventos incluía, actividades deportivas, culturales, religiosas. Estas estrategias intentaban acercar al sindicato con la gente, para así intentar romper el muro que la cultura de miedo había instalado.

Frente a un incremento del riesgo, el caso de Rodolfo Robles nos presenta cómo una organización sindical, que precisa llevar adelante un cierto repertorio de actividades de manera pública, se ve sumergida en prácticas organizativas de carácter clandestino. Esta dinámica —clandestina— era contraria a la actividad organizativa del sindicato, cuya dinámica principal está dada por una interacción entre la patronal, las autoridades de la empresa, los afiliados y los trabajadores.

Las estructuras de movilización que el propio sindicato crea: el empleo de la planta como refugio, los vehículos, las armas y los sindicalistas que se hacen guardaespaldas de sus propios compañeros; proveen a los trabajadores una percepción de que continuar militando, a pesar del contexto de alto riesgo, era posible. A ello se agrega el empleo de ese conjunto de medidas de seguridad, entre ellas: cerrar la afiliación, no enviar los listados de los dirigentes al Ministerio de Trabajo, y acompañarse entre los propios sindicalistas que configuran un repertorio de alto riesgo.

La situación de alto riesgo se halla configurada por los ataques que —entre 1978 y 1980— las redes organizativas de las que Rodolfo formaba parte sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trató, claramente, de ataques directos. Entre 1980 y 1983, y, entre 1984 y 1985, con la huelga; las redes organizativas se adaptan a vivir con aquel legado de violencia política.

Aura Elena Farfán: Acompañarse, la fuerza de nosotras mismas

A sus 35 años, en 1984, Aura Elena Farfán fue una de las fundadoras de la primera organización de familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala. La búsqueda de Rubén Amílcar, su hermano, secuestrado el 15 de mayo de 1984, la transformó en activista (Amílcar 1983–1985). Rubén Amílcar trabajaba, como corrector de estilo, en la Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también estudiaba la licenciatura en literatura. Hacia 1984, Aura Elena trabajaba de enfermera en uno de los hospitales nacionales. No había tenido ninguna experiencia como militante. Aquel evento, la desaparición de Rubén, recuerda ahora Aura Elena, “empezó nuestro calvario”.6

Entre ese 15 de mayo y el 4 de junio, Aura Elena, sola o en compañía de algunos de sus familiares, se dedicó a buscar a su hermano en hospitales, cárceles, morgues. En búsqueda de información y apoyo iba también a las oficinas del rector de la Universidad de San Carlos y al Arzobispado de Guatemala. En esta sede de la Iglesia Católica coincidió —el 28 de mayo— con otras mujeres: Catalina Ferrer, que buscaba a Hugo de León, su esposo; Emilia García, madre; y Nineth Montenegro, esposa de Fernando García; Raquel Linares, mamá de Sergio Saúl (Linares 1983–1985). De la conversación pasaron a intentar hacer algo juntas: “Allí nació la idea de que los familiares deberíamos organizarnos para darle seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos”. Y lo primero fue una misa y una conferencia de prensa, el 4 de junio, donde anunciaron sus demandas y su constitución como grupo. Después, fue el nombre: GAM, Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Hijos, Hermanos, Esposos y otros Familiares; y, la integración de un liderazgo, una junta directiva.

Para hacerse más, comenzaron a revisar los periódicos, de donde tomaban los teléfonos de las familias que ponían anuncios en la prensa, anuncios donde ellos, los familiares, colocaban el nombre de su familiar, la dirección de dónde y cuándo se le vio por última vez, y un teléfono, y dirección, a dónde, quienes tuvieran información, podrían compartirla: “nos asignábamos a cada mujer, a cada familia, cuáles llamadas íbamos a hacer. Poníamos los telegramas y hacíamos las llamadas telefónicas, y cuando sentimos el grupo ya era grande”.

Ellas habían buscado hacerse de una sede, y para eso buscaron el apoyo del Arzobispado de Guatemala, quien no aceptó. Brigadas Internacionales de Paz les proveyó una sede.

En adelante, el movimiento desarrolló un repertorio: marchas, plantones enfrente del palacio, conferencias de prensa, huelgas de hambre, misas, tomas de edificios públicos, intervención en el desfile del día del Ejército, envío de telegramas y cartas a los ministros relacionados con la seguridad y la defensa, reuniones con el jefe de Estado. Aquello fue un trueno en una tarde con sol: desde hacía muchos años la Ciudad de Guatemala no se veía alterada por protestas. “En ese período, desde 1980, no había habido marchas. Sin que las prohibieran, no se daban”.7 Aquel era uno de los efectos de las escaladas represivas del Estado.

Meses más tarde vendría la respuesta del Estado. El 30 de marzo de 1985 secuestraron a Héctor Orlando Gómez Calito; y el 3 de abril a María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, a su hijo, Augusto Rafael Cuevas Godoy y a su hermano, Maynor René Godoy Aldana (Phé-Funchal 2011, 654). Héctor era el vocero del grupo, quien se había acercado para luchar por el aparecimiento de su hermano, René, secuestrado en 1983; Rosario, como secretaria, formaba parte de la junta directiva del grupo. Ella se integró al grupo —también fue parte del grupo fundador— por la desaparición, el 15 de mayo de 1984, de su esposo, Carlos Rafael Cuevas Molina. Los cadáveres de las víctimas aparecieron con señales de tortura. Destinada a infundir terror en el entorno de la víctima, en la práctica del terror estatal, a estas acciones se les conoce como operaciones psicológicas. Esto, nos dice Aura Elena: “fue de gran impacto para todo el grupo”. ¿Cuáles fueron los resultados para el Grupo de Apoyo Mutuo? “todo mundo se retiró, incluso Beatriz Velázquez de Estrada [que tenía el cargo de vicepresidenta] se retiró también. Solo quedó Nineth, Isabel Choxóm [que tenía el cargo de tesorera], y otras personas que muy ocasionalmente llegaban al grupo”.

Ese evento llevó a que Aura Elena tomara la decisión de replegarse de la organización de familiares de detenidos desaparecidos: “yo tuve que retirarme. Me fui a los Estados Unidos”. Pero el repliegue duró poco: “solo aguanté seis meses. Me desesperé, porque la lucha estaba aquí, no estaba por allá. Y mis hijos, de siete y nueve años, se habían quedado con mi mamá”.

El caso de Aura Elena permite entender las dinámicas de los familiares de los detenidos desaparecidos, de cómo estos pasaron de lo individual y lo familiar a lo social, a la constitución de un grupo con el cual unos a otros se acompañaban mutuamente. Dicha compañía intentaba hacer frente a ese contexto de alto riesgo. A la fuerza de unos y otros, se añadió la decisión de una organización, Brigadas de Paz, de proveer al grupo de una sede y de la protección, que, en aquel contexto, se requería. Aquella estructura de movilización fue fundamental para sostener el repertorio que aquel grupo de familiares desarrolló.

Pero el caso de Aura Elena nos presenta otra perspectiva del alto riesgo: cuando los militantes realizan un repliegue, momentáneo; para regresar, luego, a retomar la actividad que antes desarrollaban. Así, el terror estatal cumplió su objetivo, pero solo de forma momentánea, porque la organización volvió a reestructurarse.

La situación de alto riesgo, aquí, se halla en la ejecución extrajudicial —el 30 de marzo y el 3 de abril— de dos integrantes de la organización de familiares de detenidos desaparecidos, y dos familiares de estos. La situación de alto riesgo, en este caso, está configurada por un ataque directo.

Disponibilidad biográfica y estructuras de movilización, repertorio de alto riesgo y situación de alto riesgo

Disponibilidad biográfica y estructuras de movilización

La disponibilidad biográfica, en el enfoque de McAdam, sigue ofreciendo un punto de vista analítico que ayuda a explicar la decisión de persistir.

En tres de los cuatro casos analizados, las y los militantes contaban con una familia e hijos pequeños. El caso de Sergio es aquí la excepción. Pero las responsabilidades familiares, en lugar de llevar a la desmovilización y el abandono, es el factor que hace que Aura Elena decida regresar al país, y continuar militando.

En uno de los cuatro casos analizados, la militancia debía resolver situaciones laborales: es el caso de Rodolfo Robles. Él trabajaba en Coca-Cola y allí debía, desde 1979 cuando entra a la empresa, y luego, desde 1981, cuando forma parte del sindicato, presentarse a trabajar. Hallándose en la secretaría general del sindicato, desde 1983, aquella condición, de cumplir con sus obligaciones laborales, cambió. La huelga, que se extiende por trece meses, entre 1984 y 1985, hace que Rodolfo alcance, eso sí, una profesionalización, la que es sostenida por la solidaridad de organizaciones con el sindicato de la Coca-Cola. Sergio y Álvaro, que son profesionalizados por la organización insurgente, son aquí la excepción; al igual que Aura Elena, que debió dejar de ser enfermera para dedicarse a la búsqueda de su hermano. Es su familia la que ayuda con la manutención de sus hijos.

Pero, en el análisis de esta dimensión de la disponibilidad biográfica —la ocupación laboral— entran en juego las estructuras de movilización: estas proveen a los militantes las vías para llevar adelante las decisiones que toman. Sergio y Álvaro son los casos que ilustran este patrón: la organización insurgente les provee los medios para profundizar en su militancia, a Álvaro le provee los medios —entrenamiento, manutención, contactos, armamento, estructuras organizativas— para hacerle un militante clandestino de carácter militar urbano; en tanto que a Sergio le halla un lugar en la oficina de abogados que asesora a los sindicatos vinculados a la central sindical. Rodolfo, como trabajador del sindicato (entre 1979 y 1981), como militante de base del sindicato (entre 1981 y 1983), y como secretario general del sindicato (entre 1983 y 1987), hallará en la huelga (entre 1984 y 1985) el contexto que le provee los medios para dedicarse a tiempo completo a la militancia. La familia de Aura Elena es la estructura de movilización que absorbe la manutención de ella y de sus hijos, lo que le permite dedicarse —a tiempo completo— a la búsqueda de su hermano.

Esta diferencia entre los cuatro casos que aquí hemos analizado —la disponibilidad biográfica en su perspectiva laboral— es lo que explica por qué unos persisten en tanto que otros logran hacer ese repliegue.

Al emplear la idea de la disponibilidad biográfica es preciso, por tanto, hacer un análisis más fino de cómo opera en los casos aquí analizados. A pesar de las responsabilidades familiares, los militantes decidieron continuar y profundizar su militancia. Es esta, por tanto, una dimensión que no es útil, para explicar la decisión de permanecer. En cambio, es la responsabilidad laboral la que explica la decisión de quedarse. Los casos de Álvaro y Sergio ilustran cómo —en calidad de cuadro clandestino uno, y como cuadro mixto, el otro— estos se hallan en las redes de la organización insurgente. Uno de ellos —Álvaro— tiene responsabilidades familiares, en tanto que el otro —Sergio— no. Rodolfo, por su parte, no se halla en esta misma situación, la de ser absorbido —de forma profesional— por la organización insurgente; pero, una serie de circunstancias —la huelga— lleva a que, tras tomar la secretaría general del sindicato (a mediados de 1983), alcance una cierta profesionalización. En sentido contrario a los tres casos antes analizados, el caso de Aura Elena nos permite ver cómo frente al alto riesgo, ella es la única de los cuatro que decide replegarse por un tiempo, aunque va a regresar a integrarse al movimiento de nuevo. Sus condiciones laborales, pero particularmente el hecho de no cruzar lo laboral con la militancia, hace que ella esté en condiciones de replegarse. Al no haber una estructura de movilización que le haya absorbido, ella guarda los grados de autonomía que le permiten, cuando llega el momento, replegarse por un tiempo.

Siguiendo el esquema de McAdam, tenemos que la disponibilidad biográfica laboral abre la puerta, por tanto, a una profundización mayor en las redes del movimiento; esto lleva a una profundización ideológica y con los objetivos, los compromisos, los valores y con la identidad del movimiento. Pero, de allí tenemos que también es importante sumar, al esquema original de McAdam, el concepto de estructura de movilización. Estas son las que proveen los recursos para entender cómo opera la disponibilidad biográfica en su dimensión ocupacional o profesional.

Pero hay un elemento más: el tiempo. En tres de los cuatro casos que aquí hemos analizado estamos frente a militancias de mediana duración: Álvaro, Sergio y Rodolfo llevaban entre 3 y 6 años de formar parte de movimientos y organizaciones cuando entran en la fase de alto riesgo. El caso de Aura Elena es diferente, aquí no son años sino meses los que es preciso contabilizar entre su integración al movimiento y la experiencia del alto riesgo. Manteniéndonos en el esquema de McAdam (2013), este elemento, el tiempo sigue siendo determinante, porque el proceso, en espiral, de integración a las redes del movimiento; y la resocialización precisan para operar de un tiempo y una cierta gradualidad: ir de actividades y de contextos de bajo riesgo, al de alto riesgo, lo que en el caso de Aura Elena no se tiene, lo que también explicaría su decisión de replegarse por un tiempo.

Repertorio de alto riesgo

Al registrarse una alteración en las condiciones de riesgo, las y los militantes toman decisiones. Se quedan, continúan, pero hacen algo para lidiar con las condiciones de alto riesgo. De los casos analizados, tenemos estrategias muy diversas:

  • Hacerse clandestino. Esta decisión lleva a que los militantes pasen, de una militancia mixta, como militante de una organización clandestina en organizaciones legales, en este caso sindicales, a desarrollar una militancia clandestina, en el caso que aquí analizamos, en estructuras militares y urbanas de una organización insurgente.
  • Poner en práctica un conjunto de medidas de seguridad, con las que podrían burlar, esa era la apuesta, a los aparatos de seguridad del Estado. Opera aquí una especie de racionalización del entorno de alto riesgo y del empleo, frente a este conjunto de estrategias. De esa forma se justificaba, a pesar del alto riesgo, la permanencia.
  • Una organización sindical que adopta códigos clandestinos. ¿Cuáles son estos códigos? Cortar el flujo de inscripciones al sindicato; dejar de registrar a sus adherentes y junta directiva ante las autoridades del Ministerio de Trabajo; emplear el centro de trabajo como lugar de refugio, para romper las dinámicas de la vida cotidiana; establecer una especie de guardias de seguridad, quienes cuidan a los dirigentes del sindicato y normalizar la portación de armas de fuego para defenderse de ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado.
  • Replegarse por un tiempo corto, para después volver. Frente a una serie de operaciones de terror estatal dirigido, de manera directa, contra la organización, las y los militantes se repliegan y dejan el movimiento. Pero ello tiene lugar por un tiempo corto, después, regresan.

Hay, por tanto, desde los militantes, un repertorio de alto riesgo. Por este entenderemos al conjunto de estrategias que militantes, organizaciones y movimientos adoptan, cuando se registra una alteración de la percepción de los niveles de riesgo. Esta alteración de los niveles de riesgo se da como respuesta a las actividades de los militantes.

Situación de alto riesgo

Además de ello, es preciso agregar, en el análisis del alto riesgo, una idea más: la situación de alto riesgo. Estos forman parte de un contexto más amplio, que está dado por los ciclos de protesta, la interacción entre los repertorios desplegados por los militantes y la respuesta del Estado.

De los casos analizados, los casos de Sergio y de Aura Elena son los que tienen una dimensión de mayor alto riesgo. Se registró aquí, en la trayectoria de Aura Elena, un ataque directo contra la organización de la que ella formaba parte. En el caso de Sergio, el ataque a cuadros de la estructura clandestina se combinó con la decisión de salir al exilio de sus colegas de la oficina laboral. En las otras dos trayectorias, no existe un ataque de forma directa. Ello no quiere decir que el contexto en el que los militantes que aquí hemos analizado no hayan tenido que hacer frente a una situación de alto riesgo. Sin embargo, precisamos apreciar la diferencia entre los casos.

En el caso de Álvaro, el ataque directo se halla hacia 1980, cuando él decide dar un giro a su militancia; pero en adelante, y ese es un logro de la estructura en la que él se inserta, no se registraron golpes significativos. En el caso de Rodolfo, los ataques contra el sindicato habían cesado —como vimos en las notas de contexto— desde junio de 1980.

Aquí es donde empleamos el concepto de situación de alto riesgo: esta nos permite situar el alto riesgo, dimensionarlo en el contexto histórico. La idea de situación de alto riesgo nos lleva, de un escenario de alto riesgo borroso, generalizado, una cultura de terror y miedo igual para todos, a un refinamiento para llegar a entender en concreto: ¿cómo se expresaba ese alto riesgo?

Conclusiones

En este artículo presento un nuevo enfoque teórico para analizar la militancia de alto riesgo. Hemos analizado cómo los militantes que continúan con su militancia, muy a pesar de las condiciones de alto riesgo, despliegan un conjunto de estrategias para crearse —esa es la apuesta— un entorno más seguro. No es simplemente que se quedan; se quedan, sí, pero hacen algo. A ese conjunto de estrategias le hemos llamado: repertorio de alto riesgo. A la par de esto, hemos podido ver cómo, en ese hacer algo entran en juego, con un papel determinante, las estructuras de movilización. Pero, para que el alto riesgo sea puesto en contexto, la idea de la situación de alto riesgo resulta útil. A partir de esta podemos enmarcar —en el tiempo— ciclos represivos, escaladas de violencia política. La idea central es lo que aquí hemos llamado “ataques directos”. Así, disponibilidad biográfica y estructuras de movilización, repertorio de alto riesgo y situación de alto riesgo pueden ser tres conceptos que nos lleven a una mejor comprensión de las militancias de alto riesgo.

Otra de las apuestas de este texto era probar que la idea de alto riesgo podía ser una perspectiva —centrada en los militantes— para penetrar en el fenómeno de la desaparición forzada. Así, con este artículo, hemos visto cómo la idea de la militancia de alto riesgo sí puede ser útil para captar ese tiempo que fue —en algunos casos— de la militancia a la captura y desaparición, o reaparición, la sobrevivencia. Desde la militancia de alto riesgo pueden recuperarse las luchas y las razones de estos militantes, devolverles algo de lo mucho que el Estado intentó quitarles.

Únicamente más investigación en la materia podrá confirmar o negar que estos tres conceptos puedan ser útiles para comprender el activismo en condiciones de alto riesgo. Hasta donde, en este artículo, hemos alcanzado a llegar, el empleo de este nuevo enfoque parece resultar útil.

Una línea de investigación fructífera, y complementaria, se halla, me parece, en la indagación en torno al compromiso ideológico, que aquí —por centrarnos en este otro conjunto de elementos— hemos dejado fuera.

Los perfiles

Álvaro René Sosa Ramos fue secuestrado, el 11 de marzo de 1984, por unidades de inteligencia del Ejército de Guatemala. El 13 de marzo logró escapar de sus captores y alcanzar la protección de la embajada de Bélgica. Fue herido por integrantes del escuadrón de la muerte, pero se recuperó y salió al exilio. Tras estar unos meses en Canadá, regresó a México para reincorporarse nuevamente a la militancia clandestina. En 1998 regresó a Guatemala, donde continúa trabajando por los derechos de los trabajadores.

Sergio Beltetón de León fue secuestrado, el 2 de febrero de 1984, por una unidad de inteligencia militar del ejército. Luego que recobrara su libertad, el 17 de febrero de ese mismo año, decidió no salir al exilio. Toda su vida ha estado dedicada a trabajar como abogado laboralista. En la actualidad trabaja como jefe de la oficina jurídica del CUC, el Comité de Unidad Campesina.

Rodolfo Robles Santos dejó, en 1986, la secretaría general del sindicato de Coca-Cola, y en 1999 dejó de trabajar para la empresa. En 2017, escribió, junto a Víctor M. Pérez Herrera: Damos fe: Proceso histórico del Sindicato de Trabajadores de Coca- Cola en Guatemala, 1944–2016. Actualmente vive de su pensión y trabaja en un restaurante.

Aura Elena Farfán, continuó —desde el GAM— con la lucha por el aparecimiento de su hermano. En 1992, junto a un grupo de familiares, decidieron fundar FAMDEGUA, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala. Ha impulsado procesos penales contra violadores de derechos humanos, entre ellos, el caso por la masacre ocurrida en Las Dos Erres, Petén (diciembre de 1982), donde se condenó, en 2011, por primera vez en la historia de Guatemala, a miembros de las fuerzas armadas por un caso de masacre.

Notas

1Las grabaciones y las transcripciones únicamente pueden ser empleadas por el autor de este artículo. 

2Álvaro René Sosa Orantes, exsecretario general adjunto de la CNT, Central Nacional de Trabajadores. Entrevistas con el autor, realizadas entre 2017 y 2019, en Ciudad de Guatemala. En todas las citas que forman parte de este fragmento se escucha la voz de Álvaro, que proviene de estas entrevistas. 

3Sergio Beltetón de León, exasesor laboral de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Entrevistas con el autor, realizadas entre 2018 y 2019, en Ciudad de Guatemala. En todas las citas que forman parte de este fragmento se escucha la voz de Sergio, que proviene de estas entrevistas. 

4Rodolfo Robles, exsecretario general de STECSA, Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, S. A. Entrevistas con el autor, realizadas en Ciudad de Guatemala, en 2017 y 2019. En todas las citas que forman parte de este fragmento se escucha la voz de Rodolfo, que proviene de estas entrevistas. 

5Las matrículas confidenciales eran empleadas únicamente por dependencias estatales. 

6Aura Elena Farfán, fundadora de FAMDEGUA, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala. Entrevista con el autor realizada en Ciudad de Guatemala, en 2017. En todas las citas que forman parte de este fragmento se escucha la voz de Aura Elena, que proviene de estas entrevistas. 

7Robles, entrevista citada. 

Agradecimientos

La investigación de trabajo de campo que hizo posible este artículo obtuvo fondos de CONACYT. Se trata del proyecto (257830): “Militantes de alto riesgo, escuadrones de la muerte y familiares de detenidos desaparecidos. Ciudad de Guatemala, 1980–2016”. El proyecto no hubiera sido posible sin el entorno que la Universidad Iberoamericana me ha provisto —particularmente, el Departamento de Ciencias Sociales— para llevar adelante mis ideas de investigación. Antes de que fuera un artículo, el proyecto de investigación fue presentado en el Seminario Permanente de Historia Social que tiene su sede en El Colegio de México, allí, el profesor José Antonio Piqueras formuló una serie de comentarios y apreciaciones, verdaderos aguijones intelectuales. Una parte de la investigación que hizo posible este artículo se realizó durante una estancia sabática en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por ello, estoy agradecido con el profesor, y amigo, Ricardo Saenz de Tejada. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en la sesión de LASA 2020. Estoy inmensamente agradecido con Álvaro, Aura Elena, Sergio y Rodolfo, por haberme permitido entrar en sus vidas, y conocer así algo de estas pequeñas y grandes historias de resistencia. Marc Drouin, José Fernández, Alejandro Flores, José Santos García Noval, Deborah Levenson, Roger Magazine, los revisores anónimos y los editores de Latin America Research Review me proporcionaron comentarios muy valiosos y consejos para mejorar sustancialmente este artículo. Tengo que agradecer, también, el fino trabajo de edición de Cristina González García. José Fernández ha hecho un extraordinario trabajo de transcripción, pasando los archivos de voces a texto, sobre los cuales trabajo. A todos ellos les agradezco su bondad y generosidad.

Sobre el autor

Manolo E. Vela Castañeda es Profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. En 2009 ganó el premio de la Academia Mexicana de la Ciencia a la mejor tesis de doctorado, que estudió en El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de Los pelotones de la muerte. La construcción de los perpetradores del genocidio guatemalteco (2014); y editor de Guatemala, la infinita historia de las resistencias (2020). Escribe un libro, titulado Micropolítica del terror y la resistencia. Escuadrones de la muerte y centros clandestinos de detención.

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