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Sociology

Liderazgos precarios: Organización y líderes sindicales en perspectiva comparada

Author:

Omar Manky

Universidad del Pacífico, Lima, PE
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Abstract

Significant labor protests occurred in the Latin American mining industry in the past decade. This article compares the mobilizations of contract workers in Chile and Peru, analyzing why, despite several similarities between these countries, divergences in labor dynamics emerged. In the former case, the unions lasted over time and coordinated at the national level, while in the latter the protests did not culminate in solid or articulated organizations. On the basis of interviews and archival work, I argue that it is crucial to understand the permanence of union leaders and their dense political networks in Chile, and the precarity not only in employment conditions but also in the organizational networks of the Peruvian case.

 

Resumen

Importantes protestas laborales ocurrieron en la minería latinoamericana en la última década. Este articulo compara las movilizaciones de contratistas en Chile y Perú, analizando por qué, a pesar de varias similitudes entre países, surgieron diferencias en sus dinámicas sindicales. En el primer caso, los sindicatos perduraron en el tiempo y coordinaron a nivel nacional, mientras que en el segundo las protestas no culminaron en organizaciones sólidas o articuladas. Sobre la base de entrevistas y trabajo de archivo, argumento que es crucial entender la permanencia de los líderes sindicales y sus redes políticas en Chile, y la precariedad no sólo laboral, sino organizativa, del caso peruano.

How to Cite: Manky, O. (2019). Liderazgos precarios: Organización y líderes sindicales en perspectiva comparada. Latin American Research Review, 54(4), 877–892. DOI: http://doi.org/10.25222/larr.160
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  Published on 11 Dec 2019
 Accepted on 11 Feb 2018            Submitted on 26 Oct 2016

En las últimas dos décadas los estudios latinoamericanos han dado cuenta de la transformación de los vínculos entre sindicatos y organizaciones políticas (Roberts 2002). La debilidad sindical y el paso de estrategias partidarias centradas en la movilización social a lógicas electorales explicarían este cambio (Levitsky y Mainwaring 2006). Estudios previos han analizado los efectos de esta transformación sobre el sistema de partidos, pero es menos lo escrito sobre cómo esta transformación afectó a las estrategias sindicales.

Este artículo explora el tema a través de una comparación de las protestas de mineros contratistas ocurridas en Chile y Perú durante los últimos treinta años. Analizar la relación entre líderes, activismo político y organizaciones sindicales ilumina las fortalezas y desafíos que enfrenta la acción colectiva en América Latina. Parto de una paradoja: a pesar de varias similitudes institucionales entre ambos países, emergieron patrones de organización sindical divergentes. En Chile, las organizaciones de contratistas sobrevivieron en el tiempo y lograron coordinar acciones a nivel nacional. A pesar de la adversidad, y aunque sin llegar a obtener el poder de negociación alcanzado antes de la dictadura de Pinochet, se dio un proceso de revitalización (Frege y Kelly 2004). En Perú, en cambio, las organizaciones tuvieron corta vida y escasos vínculos a nivel nacional. Hubo muchos conflictos, pero sin revitalización organizativa. Sobre la base de entrevistas a profundidad, material etnográfico e investigación de archivo, analizo cómo la herencia de redes e identidades políticas permite la consolidación de líderes que, en el tiempo, permiten el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores.

Marco analítico

¿Pueden responder los sindicatos al neoliberalismo? Abandonando el pesimismo de los noventa, cuando se auguraba la desaparición del sindicalismo a nivel global, para la literatura sobre revitalización sindical sería posible renovar sus repertorios de acción, incluso en contextos adversos (Ibsen y Tapia 2017). Se ha subrayado la necesidad de mayor participación de las bases (Briskin 2011); creación de coaliciones más allá de los empleadores directos (Frege y Kelly 2004); y de alianzas con organizaciones de la sociedad civil a nivel local e internacional (Anner 2011). Aunque existe evidencia sobre la efectividad de estas estrategias, se ha enfatizado que ellas no tienen que ir de la mano. Estudios recientes muestran que la ayuda internacional puede ser efectiva sin coaliciones locales sólidas (Manky 2017a); o que se puede mejorar la capacidad de negociación sin fomentar la participación activa de los miembros (Senén González y Del Bono 2013).

En lugar de la mejor receta, se hace necesario entender los contextos en los que las estrategias se tornan exitosas. Ello permite desarrollar estudios centrados no sólo en los sindicatos, sino en los espacios en los que sus esfuerzos tienen lugar. En el caso latinoamericano, se ha llamado la atención sobre variables como la legislación laboral (Carnes 2014), los vínculos con el Estado (Murillo y Schrank 2005; Fox-Hodess 2019) y las características de la industria donde los trabajadores se organizan (Anner 2011).

Todos estos elementos son cruciales. Pero no agotan la explicación sobre la capacidad organizativa de los trabajadores bajo el neoliberalismo. El caso de los contratistas mineros en Chile y Perú resulta iluminador: aunque comparten varias similitudes institucionales, sus dinámicas sindicales fueron distintas. Los mineros fueron, históricamente, los sindicatos mejor organizados en estos países (Zapata 2002). Aunque debilitados durante los ochenta y noventa, volvieron a la discusión pública en la última década, cuando trabajadores contratistas ––que hoy representan alrededor del 70 por ciento de la fuerza de trabajo del sector–– lograron negociaciones sin precedentes desde el inicio del modelo neoliberal (Manky 2014; Núñez 2009). En el caso chileno, donde estas movilizaciones adquirieron mayor visibilidad en el espacio público y la academia, se ha discutido su renovación de repertorios, por ejemplo, en el uso de la acción directa —huelgas ilegales, bloqueos de carreteras— (Núñez 2009); la creación de sindicatos a nivel nacional (Muñoz 2017) y un discurso político que reclama la revisión de las reglas de juego laborales (Durán-Palma 2011; Donoso 2014). Son organizaciones que logran una composición estable, aún en un contexto de debilidad sindical nacional (Posner, Patroni y Mayer 2018).

A través de una estilización de la literatura, es posible proponer razones para este proceso. La primera se vincula a las condiciones de empleo de los contratistas: la radicalidad del movimiento se explicaría por el nivel de explotación experimentado (Calderón 2008). Más aún, la flexibilidad del modelo laboral volvería imposible para los contratistas organizarse en sindicatos tradicionales, llevándoles a innovar sus estrategias, por ejemplo, a través de la ilegalidad (Pérez, Medel y Velásquez 2017). Por otro lado, las huelgas tuvieron efectividad dado el poder estructural de los trabajadores, mayor en un contexto de crecimiento en la demanda de minerales, lo que se combinó con que la coyuntura clave de movilización —especialmente en el ciclo 2005–2006— ocurrió durante las elecciones presidenciales, abriendo la posibilidad de politizar las demandas obreras (Donoso 2014).

Todas estas condiciones son cruciales, pero una mirada comparada da cuenta de otros elementos. Aquí es pertinente el caso peruano, pues los sindicatos de contratistas han sido menos e inestables en el corto plazo —son organizaciones que no suelen durar más que unos años—, y no han logrado capacidad de articulación. Esto ocurre a pesar de que, como en Chile, la subcontratación es común, y los contratistas enfrentan condiciones de desigualdad que les impiden acceder a beneficios salariales y sociales. La ley impide también una sindicalización por encima de su empleador directo, y cabe notar que, aunque las movilizaciones de contratistas más numerosas ocurrieron también en un contexto de elecciones presidenciales (en 2007), ellas no lograron resultados concretos en el mediano plazo.

¿Cómo es que, actuando en entornos económicos, industriales y legales similares se produjeron resultados organizativos diferentes? La literatura sobre movimientos sociales propone que no basta con que ciertos grupos sean afectados y tengan oportunidades para movilizarse. También se requieren recursos que faciliten la organización en el tiempo (McCarthy y Zald 1977; Edwards y Gillham 2013). Un trabajo previo argumentó que el enfoque de movilización de recursos permite entender el relativo éxito, al interior de Chile, de ciertas organizaciones de trabajadores contratistas por sobre otras, dada su capacidad para acceder a recursos morales, materiales, informacionales y humanos (Manky 2018). Basado en ese argumento, aquí me interesa iluminar cómo se inscriben los liderazgos que movilizan estos recursos en contextos históricos dispares, reflexionando sobre los efectos que tienen sobre la acción colectiva desde una perspectiva comparada.

La literatura sobre movilización de recursos tiene una rica tradición, sobre la que dos vacíos se han discutido recientemente. Primero, sobre la necesidad de precisar el rol de las redes en aspectos específicos de la movilización social, enfatizándose la necesidad de ir más allá de afirmar su importancia, para identificar sus mecanismos (Oseland, Haarstad y Fløysand 2012). Metodológicamente, se ha propuesto estudiar mecanismos en diferentes contextos y organizaciones (Diani y McAdam 2003, 285). Segundo, se han abierto preguntas sobre la permanencia y transformación de las estructuras de movilización, lo que adquiere particular importancia en el contexto neoliberal (Clemens 2005). En el caso de movimientos tradicionales como el sindical, preguntas respecto del peso de las tradiciones heredadas en sus decisiones estratégicas, del cómo renueva o no sus vínculos con sus aliados, y sobre la forma cómo ello afecta sus repertorios de acción colectiva, se tornan claves.

Este estudio dialoga con ambas problemáticas a través del análisis de liderazgos sindicales. Ya que los trabajadores precarios no suelen disponer de las condiciones institucionales para construir organizaciones sólidas, es vital contar con líderes que reproduzcan las dinámicas organizativas. Aunque trabajos sobre sindicalismo enfatizan su relevancia durante parte del siglo XX (Darlington 2006; Stepan-Norris y Zeitlin 2003), no muchos estudios han precisado su relevancia para la región en el periodo reciente (para los estudios laborales, ver la discusión en Manky 2018). En el caso latinoamericano, entenderlos en detalle y comparativamente permitiría precisar cómo interactúan liderazgos, sindicalismo e historia (Mische 2003).

Esta perspectiva complementa un trabajo previo (Manky 2019), centrado en la manera cómo las centrales mineras nacionales de Chile y Perú respondieron al problema de la subcontratación sobre la base de su orientación política. En contraste con ese estudio, aquí intento partir de trayectorias individuales para comprender los límites y potencialidades del liderazgo sindical. El enfoque toma distancia de trabajos centrados en los cambios a nivel macro, por lo general interesados en el sistema de partidos o en la manera como estos varían de estrategias. Como propone Guzmán-Concha (2017) en una reciente reseña, “la investigación en sociología política está crecientemente mirando las interacciones entre partidos y movimientos (y las zonas grises que emergen de estas interacciones) para explicar la participación (dentro y fuera de las instituciones) y sus resultados” (184).

Un trabajo crucial en esta línea es el de Buchanan (2008), que analiza la permanencia de instituciones laborales pre-dictadura en Chile y Uruguay tras del regreso a la democracia, abriendo una rica tradición en estudios desde las ciencias políticas (Carnes 2014). Sin embargo, las estrategias sindicales no son el foco de estos análisis, más centrados en cambios a nivel macro (al respecto, ver también Posner, Patroni y Mayer 2018).

Trabajos en una vena más sociológica, como el de Auyero (2007) sobre el traspaso de los vínculos partidarios populistas del mundo del trabajo a la sobrevivencia urbana en Argentina, sí analizan a los actores y su lógica de acción colectiva, aunque lo laboral ocupa un lugar secundario, pues la intensión del autor es analizar movimientos urbanos. Metodológicamente, ese estudio es sugerente por su capacidad de vincular testimonios de casos y variaciones en la política nacional. Esta veta ha sido también explorada recientemente por Pérez (2018a, 2018b), al analizar las trayectorias de los dirigentes piqueteros argentinos, y la forma como estos enmarcan su acción sobre la base de sus herencias de movilización.

Basado en estos esfuerzos, planteo que analizar liderazgos sindicales desde una perspectiva comparada permite comprender los cambios y continuidades en la acción colectiva latinoamericana. Es sintomático que L. E. Recabarren y J. C. Mariátegui fueran no sólo iniciadores de lo que luego serían los Partido Comunistas (PC) de Chile y Perú, sino que impulsaran la creación de los primeros sindicatos mineros (Angell 1974; Sulmont 1984). Para mediados del siglo XX, eran militantes de izquierda los que iban a las minas para hacer un trabajo de educación sindical, asesoría legal y reclutamiento partidario (Sulmont 1980; Zapata 1979). El dirigente político era crucial en cada caso, aun cuando operase, en distintos momentos del siglo XX, fuera del sistema legal (Angell 1974; Falabella 1989), y aun cuando hubiese una constante disputa entre diferentes organizaciones de izquierda al interior de los sindicatos mineros (Kruijt y Vellinga 1979; Valenzuela 1976).

A pesar de estos paralelos, existen también divergencias importantes. En el caso chileno, aún sin contar con bases politizadas, el PC logró llegar al poder a través de diferentes alianzas ––la más importante con la elección de Allende––, teniendo un fuerte impacto en la cultura política dentro y fuera de las fábricas (Stillerman 2002; Vallejos 2011). En Perú, en cambio, los militantes del PC lograron cierta hegemonía en la dirigencia de la federación minera y de la CGTP, la central nacional, pero su liderazgo fue siempre disputado por otros grupos de izquierda (Sulmont 1980). Aunque parcialmente beneficiada por el apoyo del gobierno militar de Velasco Alvarado, la izquierda peruana no desarrolló las densas redes nacionales de Chile, ni tuvo su impacto en la cultura popular.

Desde una perspectiva sensible a las trayectorias pasadas se entiende que, en los ochenta, los vínculos entre organizaciones políticas y sindicatos se vieran afectados en formas diferentes. Paradójicamente, la dictadura militar tuvo efectos tan negativos para la izquierda chilena como la década de democracia en el caso peruano, en parte porque en el primer caso se logró resistir, a pesar de la violencia del régimen de Pinochet, organizativa e ideológicamente, mientras en el segundo se perdió legitimidad en medio del conflicto armado interno (Parodi 1986; Burt 2011). Mientras la izquierda peruana quedó fracturada e inmóvil en medio de los fuegos de la represión estatal y la violencia de Sendero Luminoso, el PC chileno continuó su trabajo de base desde la ilegalidad, resistiendo una dictadura (Roberts 1998; Schneider 1995).

Durante los noventa e incluso tras el retorno a la democracia en 2000, los partidos de izquierda peruanos fueron incapaces de recomponerse tanto para ganar elecciones cuanto para vincularse con diferentes movimientos sociales (Arce 2008). En Chile, el PC continuó, a pesar de sus limitaciones, haciendo un trabajo desde las bases e incluso llegando al parlamento en 2010, al tiempo que colectivos políticos más pequeños retomaron la tradición militante de la izquierda chilena y se acercaron a distintos grupos de interés (Roberts 2016; Fox-Hodess 2019). Mientras la izquierda peruana también colocó congresistas en el congreso nacional en 2007 y 2012, las articulaciones entre estos y los sindicatos fueron más bien inorgánicas.

Si la acción estratégica no es sólo resultado de la habilidad de los actores, sino de su capacidad para utilizar elementos del pasado a través de una reinterpretación de los mismos (Clemens 2015), comprender la trayectoria de estas redes y los dirigentes que las reproducen es crucial. La comparación de organizaciones de contratistas en Perú y Chile permite hacer este tipo de análisis.

Casos y métodos

Comparar organizaciones de contratistas no es sólo teoréticamente relevante, como he sugerido antes, sino que es posible porque, aunque estas tuvieron distintas dinámicas, actuaron en entornos similares. La minería es el motor de las exportaciones en Chile y Perú, y ambos países vivieron gobiernos autoritarios cuyas reformas laborales permanecen, en lo fundamental, sin mayores cambios (Sanguineti 2012).

Las minas de El Teniente en Rancagua (Chile), y la ubicada en Marcona (Perú), son los espacios donde ocurrieron las primeras movilizaciones de contratistas en cada país. Ambas tuvieron su origen en capitales norteamericanos que construyeron campamentos que fueron, durante los setenta, nacionalizados (Goodsell 1974; Klubock 2004). Aunque la mina de Marcona fue vendida a Shougang, una empresa china, en 1993, mientras El Teniente continúa siendo manejada por la empresa estatal Codelco, la transformación en el modelo de negocios de ambas fue similar. La subcontratación minera se inició en Rancagua a mediados de los ochenta (Agacino, Gonzáles y Rojas 1998), pero fue en los noventa que esta sobrepasó el 50 por ciento de la fuerza laboral, igual que en el caso peruano. Por otro lado, sus modelos socio-espaciales son similares, siguiéndose un modelo de ciudad minera (Manky 2017b). A diferencia de minas más modernas, la mayoría de trabajadores de planta y contratistas viven en ciudades cercanas a la mina. Finalmente, en ambos casos hubo, durante el siglo XX, un sindicalismo fuerte, con trabajadores dispuestos a paralizar la producción para obtener mejores acuerdos colectivos, y los sindicatos fueron parte de federaciones en las que sus dirigentes no se circunscribían a la esfera sindical, sino que militaban en algún partido político (Goodsell 1974; Klubock 2004).

A pesar de la crisis de los ochenta, desde el 2000 se dieron movilizaciones de contratistas en ambos lugares. Sin contactos entre ellos, las similitudes son llamativas: bloqueos de carreteras, quemas de buses, saqueos a oficinas de las empresas, e involucramiento de las familias de los obreros. En el corto plazo se consiguió negociar mejoras, pero hubo diferencias claras. En Marcona, no fue la misma organización o dirigentes quienes estuvieron detrás de cada protesta, sino que estos variaron en al menos tres coyunturas. En El Teniente, los dirigentes y sus organizaciones se mantuvieron en el tiempo, pudiendo rastrearse su trabajo hasta los ochenta. Siteco, el principal sindicato, coordinó con trabajadores de otras minas la creación de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), mientras que los vínculos entre contratistas de Marcona y otras organizaciones en Perú fue muy débil, cuando no inexistente.

Para analizar estos casos, utilicé tres fuentes. Primero, entrevistas a personas que lideraron y participaron en los sindicatos. En total realicé veintiséis entrevistas sobre lo ocurrido en Rancagua y veinticuatro en Marcona. Dado que los sindicatos en ambos espacios son constantemente atacados, mi contacto inicial fue con los dirigentes principales, a los que, tras explicar los objetivos de mi investigación, pedí que me alcanzaran los contactos de líderes previos y de los trabajadores de base más activos. El riesgo de esta estrategia es sobrevalorar los testimonios de ciertos grupos. Por ello busqué contactarme con personas lejanas o críticas hacía la dirigencia. Esto implicó, por ejemplo, conversar, en Chile, no sólo con militantes comunistas, sino también con militantes de otras organizaciones, así como con trabajadores sin militancia partidaria y miembros de diferentes sindicatos. En Perú, como explico en lo que sigue, los conflictos eran más personales que partidarios, pero también fui sensible a oír múltiples voces en la organización.

Segundo, me apoyo en trabajos previos. La ventaja de espacios como Marcona o Rancagua es que su historia ha llamado el interés de investigadores que han reconstruido algunas de sus dinámicas laborales y culturales durante el siglo XX (Goodsell 1974; Klubock 1998). El caso de los contratistas chilenos ha sido ampliamente discutido desde las relaciones laborales (Agacino, Gonzáles y Rojas 1998; Durán-Palma 2011); historia (Klubock 1998; Montecinos 2014); sociología (Aravena y Núñez 2009; Muñoz 2017) y ciencias políticas (Donoso 2014), entre otros. El detalle y gran calidad de varios de estos trabajos facilita entender y resumir las dinámicas que encontré en el campo. Adicionalmente revisé noticias respecto de las movilizaciones de cada espacio en diarios locales y nacionales. Ello me permitió confirmar algunos datos sugeridos en las entrevistas, a las que además complementé a través del acceso que algunos dirigentes me dieron a actas de reunión y panfletos.

Finalmente, entrevisté a representantes locales y nacionales de las organizaciones y partidos políticos vinculados a cada espacio, así como a funcionarios públicos y representantes empresariales para asegurarme de que, en ambos casos, los trabajadores habían enfrentado similares respuestas por parte de Estado y empresas privadas. Todo lo anterior me permitió triangular la información en distintas etapas de la investigación.

Resultados

A continuación, comparo cada caso en tres momentos: las herencias de organización al inicio de los sindicatos; las dinámicas sindicales en su periodo más activo; y la manera cómo estas resultaron en organizativos diferenciados.

1980–2000: Tradiciones de resistencia

Rancagua

Rancagua fue, durante gran parte del siglo XX, un espacio de alta militancia y constantes movilizaciones (Zapata 2002). Heredaba no sólo las ideas, sino a muchos de quienes experimentaron conflictos laborales y activismo político en las salitreras del norte y migraron: los mineros encontraban sus orígenes en la heroica tradición de los salitreros (Bergquist 1986; Klubock 1998, 87). De aquí que, aún golpeados por la dictadura, los mineros organizaron importantes movilizaciones en los ochenta (Zapata 2002). No sorprende que tan temprano como a inicios de aquella década existían intentos de organización contratista, con trabajadores afiliándose al Sinami, un sindicato de montajistas industriales con alta participación de dirigentes que militaban en el PC (Agacino, González y Rojas 1998; Durán-Palma 2011).

El contar con dirigentes experimentados y con redes políticas dio acceso a recursos clave (ver Manky 2018). Sobre los líderes, su militancia les permitía mantenerse a pesar de los embates empresariales. El caso de Danilo Jorquera es ilustrativo. Por su activa actividad sindical fue despedido de la mina en 1985. Sin embargo, con el apoyo de sus redes partidarias consiguió ingresos que permitieron sostener su liderazgo.

Dada la especificidad de las demandas de los trabajadores no especializados, los dirigentes comunistas de Sinami apostaron por crear, en Rancagua y otras ciudades mineras, sindicatos con una naturaleza localizada, aunque con la misma cultura combativa: son el caso de Sitec en Ventanas y el Sitraco en Andina. Pero fue sólo en Rancagua, donde se creó Siteco, que emergió una organización capaz de perdurar en el tiempo (Agacino, González y Rojas 1998; Durán-Palma 2011). Ello no es casual si tomamos en cuenta que el núcleo del nuevo sindicato se formaba con un puñado de dirigentes que mezclaban un rico conocimiento sobre política y redes nacionales con aquel sobre procesos sociales y productivos a nivel local.

Es llamativa la continuidad del liderazgo. Esto no aseguraba victorias. De hecho, dado el cambio en las políticas empresariales y estatales, en los noventa los contratistas no lograron triunfos significativos (Agacino, González y Rojas 1998; Klubock 2004). Pero interesa resaltar que la organización tuvo, durante toda esa década, una directiva sólida (Montecinos 2014). El que Jorquera y otros dirigentes comunistas quedaran al mando del sindicato durante más de quince años da cuenta de ello. Esto daba la posibilidad de sostener aprendizajes. Ofrecía además un nombre a nivel local, lo que volvía al sindicato, aunque pequeño, un actor social relevante, y una identidad compartida para la que ser minero, incluso contratista, despertaba un orgullo vinculado a la historia política del país.

Marcona

A diferencia de Rancagua, los esfuerzos por organizar a los contratistas en Marcona ocurrieron recién en 2003. Aunque con condiciones laborales similares, el acceso a recursos organizativos era más precario. Ello es llamativo porque, para fines de los sesenta los comunistas peruanos habían inscrito a algunos importantes dirigentes en las filas del sindicato de trabajadores de planta. Durante los setentas, el PC coordinó acciones a nivel local y nacional, sobre todo en la primera etapa del gobierno de Velasco Alvarado. Pero este era un esfuerzo que no provenía de trabajadores que hubiesen tenido una experiencia similar a las de los salitreros chilenos. La mayoría de obreros no venían de las minas de la sierra central —el primer espacio de proletarización minera en Perú—, sino que eran migrantes campesinos de la sierra sur, sin tradiciones de lucha obrera.

En este contexto, el PC desarrolló un discurso radical, aunque con prácticas centradas en la negociación directa con el gobierno, que había nacionalizado la mina (Becker 1982). A inicios de 1980 el PC perdió su hegemonía en el sindicato, reemplazado por partidos de la nueva izquierda que proponían un sindicalismo clasista. Las demandas ya no estaban centradas en la mejora de las condiciones de trabajo, sino en asumir la administración de la empresa. Esta cultura llegó a su apogeo con Saúl Cantoral, un dirigente de Marcona que se convirtió en Secretario General de la Federación Minera y que lideró dos marchas nacionales demandando la negociación de un pliego por rama de actividad (Sulmont y Valcárcel 1993).

Las marchas movilizaron varios sindicatos a nivel nacional, la mayoría de ellos articulados a partir del trabajo de grupos de izquierda, pero el gobierno se negó a negociar, y, en febrero de 1989, Cantoral fue secuestrado y asesinado. Esto descabezó al movimiento, al tiempo que en Marcona aumentaba el miedo por la guerra entre Sendero Luminoso y el estado peruano. Atrapados entre dos fuegos, la mayoría de dirigentes abandonó la militancia. Como comenta Pedro Arenas,1 un trabajador de aquella época: “Yo salí de Marcona porque se volvió peligroso ser dirigente. Me vine a Lima con mi familia, abandonando la política”. Mientras en Chile las redes de activistas perduraron incluso durante la dictadura, en Perú entraban en crisis antes del gobierno de Fujimori (Manky 2014).

En 1992, Fujimori inició las reformas estructurales y decidió privatizar Marcona. Los trabajadores de planta, sin embargo, tenían beneficios sociales conseguidos en cuarenta años de negociaciones colectivas, volviendo poco atractiva a la mina (Manky 2013). Por ello, el gobierno despidió al 40 por ciento de la fuerza de trabajo, aproximadamente 1,500 trabajadores. Menos de un año después, Hierro Perú se convertiría en Shougang, implantándose una política de subcontratación de personal semejante a la de Rancagua. Para 1994 cerca del 40 por ciento de trabajadores no eran directamente empleados por la empresa, perdiendo derechos de salud, vivienda y educación.

En contraste con Rancagua, para entonces los partidos de izquierda habían desaparecido de la ciudad. Mientras varios dirigentes de la izquierda a nivel nacional abandonaban la política para dedicarse a proyectos personales (Rospigliosi 1988), entre los pocos militantes que permanecieron en Marcona no encontré a nadie vinculado a los trabajadores contratistas. Todos se vinculaban al sindicato de planta, que en un inició no estuvo interesado en los contratistas, dados los problemas enfrentados durante los noventas (para una mirada sobre lo que ocurría a nivel nacional, ver Manky 2019).

Al autoritarismo del gobierno se sumaba la poca experiencia en organización sindical, impidiendo que los contratistas ofrecieran una resistencia organizada, como en Chile. Parafraseando al secretario general del sindicato de planta, estos trabajadores eran mano de obra barata y no se quejaban. Esto resulta revelador porque los testimonios que recogí eran críticos de su situación. Como resumió un obrero que ha sido contratista desde 1994, en los noventa se discutía “sobre cómo actuar, pero en voz baja, porque la empresa te sacaba, y sabías que del Estado no obtendrías nada”. Sin partidos o asesores que apoyaran la organización y presentación de demandas, los líderes no encontraban soportes simbólicos o materiales para responder colectivamente.

2000–2007: Organización sindical

Rancagua

Con el cambio de siglo Siteco no sólo resistió, sino que cambió sus estrategias por la emergencia de nuevos dirigentes que no renegaban de la tradición anterior, sino que buscaban volver a su núcleo (Manky 2018). El caso más llamativo es el de Jorque Peña, joven comunista que se integró al Siteco en 2000. El padre de Peña había sido militante del PC, por lo que ser minero no era sólo un trabajo más, sino un espacio simbólicamente rico (ver Montecinos 2014). Este no es un caso aislado. Tómese, por ejemplo, a las células comunistas que activaban en casos como la empresa contratista CMS, donde en 2003 los trabajadores lograron reemplazar a la directiva por una cercana dispuesta a ir a la huelga (Aravena y Núñez 2009). Su principal dirigente era Manuel Ahumada, también joven militante comunista que asumiría la conducción de la CTC una década después.

Peña y Ahumada, igual que otros dirigentes, tenían alrededor de treinta años en ese momento. Pero rescatan una tradición común, enfatizando la vuelta a un sindicalismo politizado. Estas acciones se expresaron en mayores movilizaciones. En 2003 los contratistas tomaron la mina de Rancagua exigiendo mejoras a sus condiciones de trabajo (Montecinos 2014). Aunque la empresa despidió a los principales dirigentes, ellos fueron capaces de mantenerse en sus cargos. Como resaltó Mario, un dirigente despedido, aunque las bases no se mostraban receptivas a discursos políticos ––igual que en otros sectores de los movimientos sociales chilenos (Urrutia 2015; Angelcos 2017)––, “se trataba de volver al partido de Recabarren”.

Fue sobre esta base que en 2005 se organizó una movilización que duró más de veinte días y repolitizaba la desigualdad en las relaciones laborales (Donoso 2014). Aunque ello implicaba un cambio en el liderazgo de Siteco —Peña tomaría el lugar de Jorquera—, el PC continuaba siendo un elemento que nucleaba a los dirigentes (Manky 2018). Se había acordado que Jorquera dejase el trabajo en Siteco para coordinar con otros contratistas en el país. Es crucial notar que este no era un objetivo nuevo: ya a fines de los ochenta se había intentado a través de la Federación Nacional de Trabajadores Contratistas, aunque, de acuerdo a mis entrevistados, la escaza politización del norte lo impidió (ver Agacino, Gonzáles y Rojas 1998).

Después varias visitas a distintas minas se dio forma oficial, hacia 2003, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre. No fue un esfuerzo individual o informal (Duran-Palma 2011; Muñoz 2017). Como comentó Claudio, un dirigente originario de Calama, “yo no soy político y mi familia nunca fue política… no sé mucho de Marx, pero si hay un sentimiento. Por [Jorquera] me entero que en 2003 había habido un conflicto en Rancagua […] y ahí decido militar”. En el mediano plazo él se volvería un dirigente nacional. De acuerdo a varios entrevistados, varios de los delegados clave en la Coordinadora eran comunistas, facilitando la elección de Jorquera como presidente (ver también Muñoz 2017).

En Rancagua se continuaba organizando a los trabajadores contratistas, nucleándolos alrededor de Siteco. Se dieron paralizaciones importantes en 2005 y 2006, logrando un bono histórico y el compromiso de Codelco de crear mesas de trabajo para mejorar las condiciones laborales (Montecinos 2014). Este proceso culminaría en 2007, con una huelga que cerró la mina por más de un mes, en paralelo a movilizaciones nacionales que forzaron la firma del primer acuerdo marco entre trabajadores contratistas, sus empleadores directos y Codelco (Aravena y Núñez 2009; Donoso 2014).

En ese momento la Coordinadora se había convertido en la Confederación de Trabajadores del Cobre (Aravena y Núñez 2009). Su primer presidente fue Cristian Cuevas, dirigente de Andina, socializado en el contexto de la explotación del carbón en su niñez, primero militante socialista desde los quince años y comunista desde los 30. Tan importante como el nombre de la organización, que recuperaba la tradición de la federación histórica de los mineros chilenos (Klubock 1998), es el que ella fuese resultado de dos décadas de organización llevada a cabo por dirigentes que, aunque jóvenes, recibían y acumulaban una tradición. No sorprende que el propio Cuevas notase que fue gracias a conocer y hablar con Gladys Marín, la histórica dirigente del PC, que decidió ingresar a militar a fines de 2000.2

Más allá de su alcance nacional, fue en Rancagua donde las movilizaciones tuvieron un carácter más contencioso. A diferencia del caso peruano, durante las entrevistas varios dirigentes aceptaban la combatividad como un elemento crucial para la victoria, e incluso como clave dada la falta de diálogo por parte de Codelco. Otro contraste se vincula a las redes entre dirigentes nacionales. Así, durante las negociaciones de 2007 fue crucial el apoyo de actores al interior del gobierno de la Concertación, en particular del Ministro de Trabajo, el socialista Osvaldo Andrade, quien medió entre trabajadores y Codelco durante el conflicto, facilitando a los primeros información crucial durante su lucha. Como indicara en 2007, “lo que hemos hecho […] por instrucción de la Presidenta Bachelet, es generar condiciones para que se produzca el diálogo que hace tanta falta en un conflicto de esta naturaleza” (La Nación, 29 de junio de 2007). Contar con militantes de izquierda en el gobierno y sindicato era clave. Como muestro a continuación, lo paradójico es que también en Perú había figuras políticas favorables a los mineros, pero sin la capacidad de articular su poder con sindicatos aislados.

Marcona

Como en Chile, la vuelta a la democracia no significó una mejora en las relaciones laborales en Perú (Manky 2013). En 2003, sin embargo, el gobierno reformó, como parte de una serie de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de Intermediación Laboral, señalando que esta no aplicaba para el giro principal de la empresa. Como consecuencia, cuarenta y ocho trabajadores contratistas de Marcona pasaron a ser empleados directos, pero otros 300 fueron despedidos para evitar que se acogieran a la ley. Uno de estos despedidos, Eliot Enríquez, se convertiría en el principal promotor de la sindicalización en Marcona entre 2003 y 2005. Igual que la mayoría de trabajadores, él era hijo de mineros de la zona, y con los demás afectados no sólo compartía el lugar de trabajo, sino el barrio y la escuela donde habían crecido. Esto permitió contactarlos rápidamente y, con apoyo de su padre, que era miembro del sindicato de planta, consiguió una sala para reunirlos.

Aunque estas redes locales fueron útiles, Enríquez no tenía experiencia sindical o política. En aquella reunión se decidió que él representaría a los afectados, y viajaría a Lima para buscar asesoría de la Federación Minera. Al llegar a Lima, sin embargo, encontró que ésta nunca había trabajado con contratistas, y sólo le ofrecieron un salón donde descansar mientras buscaba reunirse con oficiales del Ministerio de Trabajo y congresistas.

Enríquez no tenía cómo presentar sus reclamos más allá de la mesa de partes de estas instituciones. Sólo una semana después logró contactarse con Juan Ramírez, un congresista oficialista que unos meses después se volvería Ministro de Trabajo. Habiendo sido dirigente del sindicato de Marcona, él conocía a su padre, por lo que aceptó conversar con él. Esta reunión le permitió presionar al Ministerio de Trabajo, que ordenó una inspección laboral en Marcona. Aunque esto no mejoraba la situación de los despedidos, logró que se multara a Shougang por incumplir normas de seguridad en el trabajo. Este proceso fue considerado una victoria parcial. Mientras en Rancagua la sindicalización fue producto de una organización política, en Marcona la coordinación ocurría a través de redes personales sin un proyecto a largo plazo. Un liderazgo que emergía más de la desesperación frente a la precariedad que de una tradición militante.

Pocas semanas después, las empresas contratistas despidieron a cerca de setenta trabajadores. En respuesta, la población bloqueó los caminos hacia la mina. Esta era la primera movilización de contratistas en el país y resulto exitosa: después de tres días de bloqueo de los caminos a la mina, los despedidos fueron reintegrados. Fue entonces cuando se discutió la posibilidad de crear un sindicato. No existían casos previos, pero Enríquez, a través de la Federación Minera, obtuvo pautas para formar un sindicato inter-empresa. Es importante notar que el vínculo con la federación no era institucional, sino que obedecía al hecho de ayudar a obreros precarios de forma informal (ver Manky 2019). El trabajo en el campo dependió de Enríquez y otros dirigentes, los cuales conversaban con otros trabajadores sobre cuánto mejorarían sus salarios si se unían al sindicato. A inicios de 2003, con sólo treinta socios, se creó el Sindicato de Trabajadores Mineros Saúl Cantoral.

Para agosto, más de 150 trabajadores estaban sindicalizados gracias al equipo de Enríquez. Ellos combinaron sus trabajos con un proceso de reclutamiento. Como recordara Rony Cueto, uno de sus colaboradores, en las noches ambos caminaban por la ciudad con volantes hechos por ellos mismos. Aunque la organización crecía, la empresa se negaba a negociar. Por ello se decidió, en septiembre de 2003, realizar otra huelga, consiguiéndose, después de tres semanas, la primera negociación colectiva para contratistas mineros (Pinto 2011).

Tras la firma del convenio colectivo, sin embargo, Enríquez y otros dirigentes fueron despedidos, por lo que los trabajadores se movilizaron reclamando su reingreso a la mina. Tras varios días de protesta, Enríquez volvió a trabajar. Aunque casi todo el trabajo organizativo recaía en él y Cueto, los socios estaban dispuestos a movilizarse. Como en Rancagua, existía una exigencia de radicalizar acciones. No existió, sin embargo, un reclamo político —por ejemplo, vía críticas al gobierno, o a la legislación laboral— ni un plan claro respecto de los pasos a seguir. Se aprendía haciendo.

Junto a este aprendizaje sin soportes, es clara la debilidad para acercarse a otras organizaciones, en comparación con el caso chileno. A nivel local, en 2004 hubo un distanciamiento con los trabajadores de planta, que hasta entonces cedían su local para reuniones, pues sentían que la violencia de las marchas de contratistas podía poner en riesgo sus vidas. Mientras ello ocurría a escala local, en la Federación Minera habían dejado sus cargos los dirigentes que conocían personalmente a Enríquez. Se volvió entonces difícil recurrir a esta organización. A ello se sumó un nuevo despido de Enríquez a mediados de 2004. Aunque intentó movilizar nuevamente a sus compañeros, su capacidad era limitada y su reingreso a la mina imposible.

Este despido no se diferencia mucho del de los dirigentes del caso chileno, pero en aquel caso los dirigentes encontraban, en las redes partidarias, espacios para seguir luchando. En Marcona ello era insostenible. No se militaba y ningún partido se acercó a discutir sobre sus demandas. En cambio, Eliot había conocido a un miembro de un sindicato global, la FITIM,3 que en 2005 le ofreció recursos para trabajar como asesor a tiempo completo. Se creó entonces la Asociación Nacional de Trabajadores de Intermediación Laboral de Minería y de Metalurgia, que tenía como objetivo crear nuevos sindicatos de contratistas. El objetivo era similar al que tendría un año después la Coordinadora en Chile. Sin embargo, las redes que lo sostenían eran más bien débiles y dependían no de dirigentes experimentados y con trabajo de base, sino de fondos provenientes del extranjero y el esfuerzo de un dirigente sin bases sólidas a nivel local.

Al tratarse de un proyecto temporal, a fines de 2005 Enríquez estaba, nuevamente, desempleado. El proyecto se acabó, y al volver a Marcona le fue difícil emplearse. Se dedicó a diferentes oficios hasta que una empresa le ofreció un empleo que aceptó, concentrándose en su desarrollo profesional.

El sindicato continúo existiendo bajo el liderazgo de Rony Cueto, la mano derecha de Enríquez entre 2003 y 2005. El proceso no fue sencillo, pues él no conocía procesos formales que, como dirigente, debía seguir. Rony tardó aproximadamente medio año en reunir nuevamente un grupo de personas dispuestas a confiar en él y a exigir un nuevo convenio colectivo a través de un nuevo sindicato.

A fines de 2006 una protesta fue organizada para tales fines, y cerca de 600 trabajadores tomaron los caminos, enfrentándose con la policía. Estas protestas llamaron la atención del gobierno, que impulsó una ley de subcontratación, bajo la cual Shougang estaba obligada a incorporar a 300 contratistas a su planilla. La empresa se negó a hacerlo, por lo que en abril de 2007 los contratistas bloquearon la carretera, al tiempo que algunas personas saqueaban e incendiaban sus oficinas. A diferencia de Rancagua, donde también hubo un estallido violento aquel año, el de Marcona no tuvo repercusión en otros campamentos del país. No existía coordinación entre contratistas a nivel nacional. Las protestas fueron aisladas, no por la problemática enfrentada, común a otros espacios, sino porque los dirigentes no se conocían entre sí.

La huelga de 2007 duró casi dos meses, tras los cuales el sindicato fue derrotado. Primero, porque la empresa logró negociar individualmente qué trabajadores incorporar a la planilla. Segundo, porque Cueto, su dirigente principal, acabó en prisión, acusado de haber dirigido los ataques contra la mina. El sindicato, descabezado, dejaría de existir. Ningún partido político apareció como actor relevante en los reportes que sistematicé ni en las entrevistas realizadas.

Al conversar sobre estas movilizaciones, pocos trabajadores encontraban en su carácter contencioso el orgullo de Rancagua. Lamentaban haber tenido que llegar a ello y en un par de ocasiones mis entrevistados necesitaron aclarar que, aunque habían participado, no eran terroristas. Los dirigentes no habían logrado consolidar un discurso que altere el miedo a la protesta en Perú, una de las herencias del conflicto armado interno y el régimen fujimorista (al respecto ver Burt 2011). Es también llamativo que ello ocurría mientras Susana Pinilla, una profesional cercana a la causa de los trabajadores, que incluso visitó Marcona durante la huelga, era ministra de trabajo. Como indicó Pedro Domínguez, “ella no podía, sola, salvar al sindicato… podía mediar, pero cómo hacerlo sin bases que presionen desde abajo”. El contraste con lo ocurrido con el ministro Andrade en Chile es evidente.

2007–2017: Revitalización y crisis

Rancagua

Contar con un liderazgo estable no evitó conflictos al interior de la organización. De hecho, como indica Ponce (2016, 114), incluso durante la formación de la CTC se dieron tensiones entre la militancia comunista, principalmente de Rancagua, con un sindicalismo menos politizado en el norte del país. Más importante aún, al interior del bloque Siteco-CTC aparecieron disputas sobre la estrategia a desarrollar. En 2008, al incumplirse algunos aspectos del Acuerdo Marco, las bases de Rancagua propusieron movilizarse siguiendo el esquema que les había dado éxito en el pasado. La directiva de la CTC buscó una solución negociada, lo que fue tomado con descontento desde Siteco. El que Cuevas, presidente de la CTC en ese momento, postulase como diputado comunista en 2009, acrecentaba las distancias (ver Donoso 2014).

Peña renunció al PC e impulsó la salida de Siteco de la CTC.4 La nueva junta apostaba por un sindicato politizado pero independiente de ese partido. De acuerdo a mis entrevistados, al menos ocho de los treinta dirigentes nacionales de la CTC renunciaron a su militancia en ese contexto. El hecho es llamativo no por tanto por su novedad, sino por repetir una historia experimentada también por el PS durante los noventa, cuando varios dirigentes de hecho salieron del partido al sentirse defraudados por sus cambios (Roberts 1998). Es notorio que en 2015 el mismo Cristián Cuevas renunciase al PC por el manejo que tuvo la dirigencia sindical y partidaria frente al asesinato, en medio de una movilización contratista, de Nelson Quichillao, un minero contratista de la División de El Salvador.5

Lo anterior no implica el fin de los liderazgos estudiados. A nivel nacional, la CTC continuaría negociando acuerdos marco en representación de los contratistas. El PC no abandonó el trabajo sindical, y, de hecho, aún para 2016, algunos dirigentes de la CTC —incluyendo su presidente— eran militantes comunistas. Es una militancia que ofrece continuidades y memoria. Danilo Jorquera, por ejemplo, dejó el liderazgo sindical desde la creación de la CTC en 2007. Sin embargo, todavía en 2011 apoyaba, desde su posición como concejal comunista en Rancagua, al movimiento. A nivel nacional, es sugerente que en 2016 la CTC inaugurase un memorial sobre Quichillao en el campamento de El Salvador, y que en agosto de 2019 organizara un festival cultural en su honor. Se trata de reproducir la memoria sindical. Junto a ello se ha avanzado, aunque sin el éxito de 2007, hacia la reconstitución de las bases en Rancagua a través de redes zonales como las de la Fetratec.

A nivel local, Siteco buscaba renovar su estrategia implementando servicios para atraer a nuevos miembros, para lo que fue crucial el apoyo de organizaciones de izquierda no comunistas (ver Manky 2018). Es posible detectar, a pesar de las rupturas con el PC, continuidades en la lógica de los dirigentes. Cuando Quichillao murió, Peña y otros dirigentes denunciaron que la CTC no hiciera un llamado a movilizarse. La dirigencia de Siteco y otros líderes sindicales que habían renunciado al partido en la última década —incluyendo a Cristian Cuevas, el primer presidente de la CTC—, se organizaron en el Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao, el que buscaba disputar la dirigencia nacional al interior de la CTC.6 Se trataba, parafraseando a Edward Gallardo —un dirigente contratista nacional que renunció al PC después de 25 años—, de continuar propiciando la lucha de clases desde una postura radical y no burocrática.7 Esto mientras varios miembros activaban en nuevas organizaciones políticas. Algunos líderes acabarían postulando por el Frente Amplio durante las elecciones de 2017 (sobre el Frente Amplio, ver Mayol y Cabrera 2018). A pesar de las tensiones, son dirigencias que reproducen nombres, organizaciones y memorias de la lucha contratista.

Marcona

Con Cueto encarcelado, el sindicato de contratistas desapareció a fines de 2007. Desde entonces hasta 2011 no se registraron movilizaciones ni negociaciones inter-empresa, aunque sí hubo tres paralizaciones espontáneas en 2008 y 2010. Este retroceso no fue producto ni de una mejora en las condiciones laborales, ni de cambios radicales en la legislación, sino de la ausencia de dirigentes que pudieran transmitir los conocimientos ganados. Cuando Cueto salió de prisión, dos meses después, no logró ubicar otro trabajo en la mina. Fue entonces a Lima, donde algunos sindicatos le pidieron asesorías, sabiendo de su experiencia.

Un par de años más tarde otros trabajadores comenzarían a discutir la posibilidad de organizarse en Marcona. Era fines de 2009 y, recordando su participación en las movilizaciones entre 2003 y 2007, decidieron contactar a Cueto, quien les ayudó a formar un nuevo sindicato en 2010. Aunque este parecía un paso adelante, era más una vuelta a lo que había pasado en 2003: un sindicato sin local, sin redes con otras minas y sin recobrar la historia que lo había precedido. Como señaló el secretario general de entonces: “En aquel momento nos reuníamos en parques, y sólo teníamos apoyo de Rony, que nos asesoraba a cambio de un pago simbólico”. El sindicato negoció, con poco éxito, dos pliegos de reclamo, que no aumentaban los salarios significativamente, y que incluía a los trabajadores de una sola empresa contratista, Coopsol, pues no se logró articular a trabajadores de otras firmas.

Sólo a inicios de 2013 un nuevo dirigente desarrollaría una estrategia más ofensiva. A través de sus redes de amigos, Álvaro Loaces buscó a miembros de otras empresas para aumentar la afiliación. Sin embargo, el no haber sido parte de las movilizaciones de 2002 a 2007 limitaba sus esfuerzos. No sabía qué trabajo desarrollar. En abril de 2014, en vísperas de una nueva negociación, el sindicato —el único de contratistas en Marcona— apenas representaba al 5 por ciento de contratistas de Shougang. Los dirigentes decidieron ir a huelga pues, de acuerdo a sus dirigentes, las bases estaban decididas a movilizarse.

Igual que en 2003, el atraer nuevos socios era visto más como el potencial resultado de una negociación exitosa que de una táctica en sí misma. La movilización se originó sin vínculos a ningún asesor o partido político. Este no es un dato menor, pues desde 2011 Ollanta Humala había asumido el gobierno del país, y con él varios actores de izquierda, incluyendo al viceministro de trabajo, Pablo Checa, un dirigente sindical y militante de izquierda. Los lazos entre estos actores y los trabajadores, sin embargo, no eran orgánicos. Como Susana Pinilla antes, resultaba para él difícil proteger al sindicato desde un ministerio.

La huelga en Marcona fue masiva y contenciosa, pero fracasó. En lugar de despedir a algunos dirigentes, Shougang amenazó a su proveedor, señalando que perdería su contrato de no resolver la huelga de inmediato. Que el sindicato representase a trabajadores de una sola empresa volvía más difícil afectar la producción. En este contexto, crear alianzas con otros grupos era clave, pero los dirigentes buscaron aliados sólo dos semanas después de iniciada la paralización. Loaces no tenía acceso directo a los dirigentes de la Federación Nacional. Ni siquiera tenía claras las dinámicas de otros sindicatos contratistas. Es un liderazgo sacrificado, pero tan precario como la condición de ser trabajador contratista.

Shougang canceló el contrato de Coopsol y todos sus trabajadores fueron despedidos. Loaces convocó a la población de Marcona a marchar, igual que en 2003 y 2007 lo hicieran Enríquez y Cueto. La convocatoria fue exitosa dada las múltiples demandas de la población a la empresa, y la indignación general frente al despido de los trabajadores. Luego de que Luis Quispe muriera por un balazo de la policía en mayo de 2015, hubo saqueos en las oficinas de la empresa, por lo que el gobierno central convocó a una mesa de dialogo intersectorial. Aunque Loaces fue convocado como representante de los despedidos, encontró que sería difícil negociar: sin una organización sólida, no pudo convencer a la población de Marcona de continuar sus movilizaciones una vez que le fueron ofrecidos proyectos de infraestructura.

De este modo, los contratistas de Marcona quedaban nuevamente derrotados. Dos meses más tarde, el Ministerio de Trabajo notificó a Loaces —que vivía ya fuera de la ciudad, trabajando en otro rubro— que el sindicato desaparecería al no tener dirigentes o bases. Hoy no existen organizaciones de contratistas en Marcona, a pesar de que los problemas son similares a los de hace una década. En contraste con la tragedia de Nelson Quichillao —cuya imagen fue reclamada por los dirigentes a pesar de sus diferencias políticas, y es todavía recordada— la memoria sobre Quispe y su asesinato va pasando al olvido en la precaria memoria del sindicalismo en Marcona.

Discusión y conclusiones

Mientras en Chile se dio un proceso de revitalización que, a pesar de límites institucionales, ha logrado consolidar organizaciones obreras, las protestas en Perú no resultaron en organizaciones nacionales sólidas. A través de una comparación entre casos mostré la relevancia de los liderazgos detrás de cada movilización: mientras en Chile se constituyen dirigencias sólidas y continuas, los trabajadores peruanos enfrentaron una doble precariedad, no sólo basada en la posición ocupada en el lugar de producción, sino también en la dificultad para sostener acciones y discursos desde los líderes.

La dictadura militar chilena no destruyó del todo el legado simbólico y organizacional de la izquierda. Fuera de la Concertación, parte de ella dedicó sus esfuerzos a consolidarse al interior de sindicatos. En el caso minero, esto ocurrió incluso durante la dictadura, y fue un proceso de larga duración, que resultó en la formación de una central de contratistas en 2007. La situación en Perú, en cambio, es la de una izquierda que, aunque radical en su discurso, rompió su relación con las bases desde fines de los ochenta. Un factor que ahondó la distancia fue el conflicto armado interno, que propició la desaparición de importantes activistas a nivel nacional, obligando a los dirigentes a irse de campamentos como Marcona. Los contratistas no tuvieron la posibilidad de aprender de la experiencia pasada, debiendo sus dirigentes escribir la historia desde cero una y otra vez.

Esto permite visibilizar tres diferencias. Primero, desde los inicios de la sindicalización los obreros de Rancagua se vinculan a líderes comunistas y a una tradición que los lleva hasta los campos salitreros, mientras en Marcona son liderazgos informales que surgen de la mina. Segundo, es llamativa la diferencia en la capacidad para estabilizar liderazgos. El sindicato de Marcona pasó por tres procesos de reconstitución, todos similares: un obrero se vuelve dirigente; invierte su energía en la organización; es despedido y esa experiencia se pierde. En Chile, aunque las empresas podían despedir a los dirigentes, estos, a través de sus redes políticas, lograron mantener liderazgo y visibilidad. Tercero, en la capacidad de ir fuera del ámbito local. En Perú, las redes sindicales dependieron, casi exclusivamente, de contactos forjados en el barrio o gracias a las familias de los dirigentes. En Chile, a la dimensión personal se superpone el nexo político: la militancia permitió que los líderes se conocieran y actuaran en diferentes escalas.

A través de estas diferencias puede mostrarse que las estructuras de movilización heredadas definen no sólo las estrategias sindicales más útiles, sino el campo de lo posible. Ello permite una lectura crítica al enfoque de revitalización sindical, llamando la atención sobre los aspectos sociales que definen la acción colectiva y el cómo estas pueden aprender esa historia, reproducirla o modificarla. En contraste con tendencias que enfatizan las redes informales como cruciales, el caso chileno muestra qué necesario es comprender la continua importancia de la organización formal. En este sentido me he apoyado en una rica línea de estudios que enfatizan la continuidad de las instituciones laborales y políticas en América Latina (Buchanan 2008), pero también intenté rastrear sus rupturas, que en el caso chileno pasan por nuevos vínculos entre sindicatos y colectivos fuera del tradicional sistema de partidos (Roberts 2016).

Estos resultados abren varias preguntas para futuras investigaciones. Primero, es posible preguntarse hasta qué punto la ausencia de redes de dirigentes políticos permite comprender por qué otras organizaciones no han logrado coordinar acciones fuera de la escala local de forma estable en Perú. Piénsese en el caso de movimientos ambientalistas, como la hoy desaparecida Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) (Damonte 2007). Si los sindicatos, a pesar de ser actores sociales institucionalizados, no han logrado esta coordinación, preguntarse sobre los elementos en común en su (deficiente) acceso a liderazgos estables con otros movimientos se vuelve crucial.

Cabe preguntarse también respecto de las especificidades de las movilizaciones de los pingüinos chilenos o la reciente movilización contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque parten de demandas distintas a las del movimiento sindical, resulta interesante tomar en cuenta la presencia de dirigentes de partidos y colectivos de izquierda detrás de ellas, funcionando como puentes. Algo similar podría decirse sobre nuevos movimientos laborales, vinculados ya no a partidos como el comunista o socialista sino, por ejemplo, al movimiento libertario. Un estudio centrado en estos líderes y sus múltiples redes sería de enorme ayuda, así como uno que indague sobre la manera como los más jóvenes se convierten en dirigentes. Durante mi trabajo de campo encontré, una y otra vez, historias de padres con militancia de izquierda en los setenta que enseñaban a sus hijos pequeños sobre identidad, memoria y prácticas sindicales. Indagar sobre la relación entre familia y liderazgo político es otra avenida sugerente.

Finalmente, es preciso reflexionar sobre si el rol cumplido por el PC y otras organizaciones políticas en Chile puede ser cumplido por otras organizaciones en contextos de despolitización radical como Perú. En espacios donde los partidos han entrado en crisis, cabría esperar que otros grupos aparezcan —ONGs, redes de independientes comprometidos o el Estado— (aunque, veinte años después, eso no ha ocurrido en Marcona).

Notas

1La lista de entrevistados citados en este artículo está al final, con sus nombres cambiados para proteger su identidad. 

2Pablo Álvarez y Francisco Parra, “Gladys Marín, la mujer que se ganó el corazón de los movimientos de diversidad sexual”, El Desconcierto, https://www.eldesconcierto.cl/2016/03/06/gladys-marin-la-mujer-que-se-gano-el-corazon-de-los-movimientos-de-diversidad-sexual/. 

3FITIM es la International Federation of Workers of the Metallurgical Industry. Es un sindicato que buscaba, durante el 2000, apoyar a sindicatos fuera de la Federación Minera para lograr consolidar su presencia en Perú. 

4Al respecto, ver la nota del Consejo nacional de Comités Comunistas de Chile, donde se explica la salida de Peña y otros militantes. “Comunistas renuncian a padrón oficial del PC”, PiensaChile, http://piensachile.com/2009/08/comunistas-renuncian-a-padrasn-oficial-del-pc/. 

5Radio Universidad de Chile, “Cristián Cuevas renuncia a su militancia en el PC”, Diario UChile, https://radio.uchile.cl/2015/09/05/cristian-cuevas-renuncia-a-su-militancia-en-el-pc/. 

Anexo 1: Entrevistados citados

Pedro Arenas, Marcona, 14 de julio 2015.

Pedro Domínguez, Lima, 12 de enero 2016.

Rodolfo Marquez, Marcona, 6 de febrero 2016.

Mario Arellano, Rancagua, 20 de abril 2016.

Claudio Arizábal, Rancagua, 21 de agosto 2015.


Anexo 2: Características de los entrevistados

Chile Partido Comunista Partido Socialista Otros Sin militancia Total

Sindicalistas en Rancagua 8 3 3 13 26
Funcionarios públicos 2 3 1 0 6
Otros actores 5 1 0 2 8
Perú Partido Comunista APRA Otros Sin militancia Total

Sindicalistas en Marcona 1 0 2 21 24
Funcionarios públicos 1 1 3 2 7
Otros actores 0 0 2 8 10

Agradecimientos

Agradezco a los tres revisores de LARR que permitieron, con sus críticas, preguntas y sugerencias, que este artículo ganara en precisión y el autor en aprendizajes. También a los trabajadores y trabajadoras que dieron su tiempo para conversar sobre sus vidas y la forma como luchan por hacer de sus organizaciones herramientas de emancipación.

Sobre el autor

Omar Manky es profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. Es PhD y MA en relaciones laborales por Cornell University (Estados Unidos) y bachiller y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación actual se enfoca en la intersección de la sociología del trabajo y de las organizaciones. Ha publicado artículos en revistas como el British Journal of Industrial Relations, Latin American Perspectives y la Revista Internacional de Sociología.

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