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Sociology

Percepción y legitimación frente a las desigualdades socioecológicas en Chile contemporáneo

Authors:

Mayarí Castillo ,

Universidad Mayor, CL
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Iván Sandoval,

Fundación Habitar, CL
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Carolina Frías

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, CL
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Abstract

This article analyzes the perceptions about and legitimation of inequalities in the case of Chile, focusing on the socioecological dimension. It shows the results of a four-year qualitative study carried out in five cases of territories with high levels of environmental degradation, in order to analyze the processes through which subjects perceive the dimension of inequality and build a critique of it, considering that in these spaces the intersection of variables that account for positions of disadvantage take on a violence that threatens subjects’ life and their environment. The article analyzes four elements of the toxic context that cut across perceptions of inequality and determine legitimation: naturalization, relativization, denial, and resignation.

 

Resumen

El artículo analiza de las percepciones y legitimación frente a las desigualdades para el caso chileno, enfocándose en su dimensión socioecológica. Muestra resultados de una investigación cualitativa de cuatro años realizada en cinco casos de territorios sometidos a altos niveles de degradación ambiental, con el fin de analizar los procesos a través de los cuales los sujetos perciben esta dimensión de la desigualdad y van construyendo una gramática al respecto, considerando que son espacios en los que la intersección de variables que configuran las posiciones de desventaja adquieren una violencia tal que amenaza la vida misma de los sujetos y la de su entorno. Para esto analiza los elementos del contexto tóxico que atraviesan las percepciones de desigualdad, para establecer cuatro gramáticas de la legitimación: la naturalización, la relativización, la negación y la resignación.

How to Cite: Castillo, M., Sandoval, I., & Frías, C. (2020). Percepción y legitimación frente a las desigualdades socioecológicas en Chile contemporáneo. Latin American Research Review, 55(4), 648–661. DOI: http://doi.org/10.25222/larr.522
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  Published on 22 Dec 2020
 Accepted on 07 Apr 2019            Submitted on 06 Mar 2018

La investigación sobre percepción y legitimación de las desigualdades ha tenido, en la última década, una importancia creciente para el caso chileno. Siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad de la región. En un principio esta agenda de investigación estuvo asociada a la baja en la conflictividad observada durante las primeras décadas de la transición, por lo que se trató de establecer cómo era posible la convivencia de estos altos niveles de desigualdad, crecimiento sostenido y bajos niveles de conflictividad (Castillo 2009, 2011). Sin embargo, a partir del año 2011, un aumento en la conflictividad observado en el país le dio un nuevo giro a la investigación, la que comenzó a debatir cómo los chilenos viven, interpretan e intentan modificar las desigualdades en las que se encuentran inmersos (Disi Pavlic 2018).

Durante los últimos años se han producido interesantes hallazgos en esta línea, tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas (Azar et al. 2018; Castillo 2011; Gerber y Jackson 2013, 2017; Mac-Clure y Barozet 2016; Guzmán, Barozet y Méndez 2017; PNUD 2017), siendo estas últimas particularmente fructíferas por incorporar metodologías diversas. A través de estos estudios también hemos visto un avance en la ampliación de la noción de desigualdad —tradicionalmente asociada al ingreso— a la de desigualdades, orientada a mostrar la multiplicidad de variables más allá del ingreso mismo, las cuales intervienen en la configuración de posiciones desiguales, tales como el género (Mora 2013) o el espacio y territorio (COES 2017; Méndez y Otero 2018; Castillo 2017). Este último punto ha permitido introducir una reflexión sobre la importancia de la dimensión territorial y/o socioambiental en el estudio de las desigualdades.

En esta línea, este trabajo utiliza el concepto de desigualdades socioecológicas pues es una mirada que se enfoca en los problemas ambientales ocasionados por la agencia humana y por las estructuras de poder desiguales, enfatizando la noción de ecología por sobre la de medioambiente, a fin de comprender esta agencia humana como un factor más dentro de un complejo entramado que implica lo humano, lo no humano, lo vivo y lo no vivo (Scholz 2014). A través de este concepto, se retoma desde una perspectiva crítica el legado de las investigaciones sobre justicia ambiental (Bullard 1990, 1999, 2005; Harvey 2006; Dobson 1998; Pezzullo 2001; Checker 2005; Cole y Foster 2001; Smith 2008; Müller y Clayton 2013) y se enfatiza que la distribución de bienes y cargas ambientales sigue patrones similares a los de la distribución general de otros bienes socialmente valorados: observando que la población más vulnerable y/o pobre es la que coexiste con un mayor número de cargas ambientales, tales como industrias altamente contaminantes y/o pasivo ambientales con efectos devastadores para su salud, economías locales y proyectos de vida. Esta concentración de cargas ambientales, pese a tener una larga tradición en el marco de los enfoques de justicia ambiental, no ha entrado aún con fuerza en la agenda de estudios sobre desigualdades para el caso chileno (Castillo 2016a, 2016b), aun cuando ha habido interesantes acercamientos, sobre todo desde quienes han documentado la concentración de áreas verdes y equipamiento urbano (Vásquez y Salgado 2009; Vásquez et al. 2016). Queda pendiente aún incorporar esta dimensión a la investigación sobre la percepción de las desigualdades con mayor profundidad, aun y cuando la preocupación sobre temáticas socioambientales ha sido uno de los temas emergentes de la investigación empírica reciente sobre el tema.

El aumento de la conflictividad socioambiental que se ha observado en las últimas décadas no solo habla de una creciente presión sobre los territorios locales y sus recursos, propia del auge extractivo de las economías latinoamericanas en las últimas décadas (Svampa y Viale 2014; Ulloa 2016), sino también de un mayor protagonismo de estas temáticas cuando los sujetos evalúan aquello que consideran injusto. Para el caso chileno, la mayor parte de esta conflictividad involucra a población pobre, indígena y vulnerable, de la mano de un discurso al que Martínez Alier (2009) refiere como “el ecologismo de los pobres”. Lo que impulsa a la población a iniciar acciones protectoras y a problematizar esta dimensión de la desigualdad es la amenaza sobre la vida y las economías locales. En esta problematización juega un rol clave la experiencia de los sujetos en sus espacios cotidianos, ya que muchas veces se requiere de un largo aprendizaje que se desarrolla en distintos niveles que van desde el componente cognitivo, el emocional y el corporal, sobre todo en los casos en los que la desigual distribución de cargas ambientales tiene impactos en la salud de los sujetos. En este marco, este trabajo tiene por objetivo analizar los procesos a través de los cuales los sujetos perciben y legitiman esta dimensión de la desigualdad, entendiendo que estos adquieren características particulares en espacios en los que la intersección de variables que configuran las posiciones de desventaja, adquieren una violencia tal que amenaza la vida misma de los sujetos y la de su entorno.

Para esto se presenta parte de los resultados de una investigación que comenzó en 2013 y que se encuentra, al tiempo de escritura de este artículo, en su fase final. Esta se basa en un estudio etnográfico comparativo de cinco casos de territorios con altos niveles de degradación ambiental distribuidos a lo largo del territorio nacional. Los casos fueron seleccionados mediante una fase previa de análisis de datos cuantitativos geo referenciados que permitieron relacionar ingreso por quintiles y emplazamiento de cargas ambientales,1 lo que sentó la base para una posterior selección teórica de casos.2 Los casos seleccionados fueron los siguientes:

  1. El caso del polo Ventanas-La Greda-Los Maitenes en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. Localidades agrarias y pesqueras hasta que, a partir de la década de 1960, comienzan a transformarse en un distrito industrial conurbado, en el que operan hoy diecinueve empresas vinculadas a distintos rubros, entre los cuales la minería, la energía y la actividad portuaria corresponden a los de mayor envergadura. En 1993 la zona fue declarada zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y en el 2015 por material en partículas respirables MP10 y MP2,5. En 2002 la autoridad de salud prohibió la extracción, consumo y venta de pescados y mariscos locales por los altos niveles de cobre, arsénico y cadmio.
  2. El caso Polimetales de las poblaciones Cerro Chuño, Pica Pica y Los Industriales I y II en la ciudad de Arica, región de Arica y Parinacota. Se trata de viviendas sociales construidas en la década de 1990 por el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda en una zona que fue utilizada como acopio de desechos mineros provenientes de Suecia, internados en el país en 1984 y 1985 por la empresa Procesadora de Metales Ltda. (PROMEL), y luego abandonados sin tratamientos. A raíz de la aparición de graves problemas de salud en los habitantes de dichas poblaciones se realizaron exámenes médicos que determinaron una contaminación por plomo, arsénico y cadmio.
  3. El caso de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Se trata de un conjunto de poblaciones de viviendas sociales ubicado en la periferia de la ciudad de Santiago y construido en la década de 1990 sobre terrenos donde, hasta el año 1989, operó el vertedero La Cañamera. Este caso se descubre a partir de las explosiones de alcantarillado por los gases del vertedero, la aparición de basura enterrada a pocos centímetros de la superficie en los patios de las viviendas y la prevalencia del síndrome de Guillain-Barré. En este espacio se documenta contaminación por arsénico.
  4. El caso de Alto Loa, específicamente de los pueblos de San Francisco de Chiu Chiu y Lasana, en la comuna de Calama, región de Antofagasta. Es un territorio ubicado en la parte alta de la cuenca del río Loa, habitado principalmente por comunidades atacameñas y aymaras, afectado por las externalidades negativas de la gran minería. En este caso la degradación ambiental se produce por una crisis hídrica provocada por el entubamiento de ríos y por la contaminación proveniente del relave de Talabres, espacio de desechos mineros ubicado a menos de un kilómetro de los pueblos. En este espacio se documenta contaminación por arsénico y plomo, entre otros metales pesados.
  5. El caso de Boyeco, en la comuna de Temuco, región de la Araucanía. En esta localidad aledaña a la ciudad de Temuco, constituida por 79 comunidades mapuche, se emplaza desde el año 1992 el vertedero de Boyeco, que acopia la basura de la ciudad de Temuco y gran parte de los pueblos de la región. En este caso se registra contaminación en tierras cultivables, plagas de perros, ratones e insectos, y en el año 2016 se establece oficialmente la contaminación de aguas de pozo y estero por los líquidos percolados.

Cada uno de estos territorios fue abordado con metodología etnográfica durante cuatro años. Durante este proceso se realizaron en total 113 entrevistas semiestructuradas a dirigentes de organizaciones sociales, así como 52 entrevistas a autoridades locales y estatales. Esta información se complementó con cincuenta entrevistas a habitantes sin cargos dirigenciales y con jornadas de observación etnográfica en espacios públicos y en viviendas, revisión de documentos secundarios relevantes y un taller en cada territorio sobre percepción y legitimación de las desigualdades con los dirigentes sociales que participaron en la primera fase de entrevistas.3 Dada la cantidad de material cualitativo recabado durante todo el proceso de investigación, se trabajó con análisis de contenido. Este artículo se centra solo en el análisis de las entrevistas semiestructuradas a dirigentes en torno a las desigualdades.

El texto se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se analizan de manera breve algunos aspectos teóricos que enmarcan la investigación, enfocados a la discusión sobre la percepción de las desigualdades. En este punto se enfatiza la importancia de la experiencia y el espacio cotidiano en la configuración de percepciones y, en un segundo momento, se utiliza el entramado teórico de Boltanski (1999, 2002, 2006) para discutir respecto al proceso de legitimación de las desigualdades. En el siguiente apartado se comentan los resultados de la investigación en torno a la percepción sobre desigualdades en espacios degradados ambientalmente, entendiendo estos procesos desde su cruce por cinco elementos que moldean la experiencia de vivir en contextos tóxicos: el conocimiento experto, la dependencia económica, la prensa, el Estado y el poder judicial, y por último los que van delimitando cuatro gramáticas de legitimación de la desigualdad socioecológica, a saber, la naturalización, la relativización, la negación y la resignación, los que se analizan en la parte final de este artículo.

Percepción y legitimación de las desigualdades

Parte central de la agenda de estudios sobre las desigualdades trata de comprender qué niveles de desigualdad perciben los sujetos en sociedades altamente desiguales y cuánta de esta desigualdad percibida es considerada como legítima o ilegítima, elemento que se engarza con lo que se considera justo o injusto en determinado momento histórico. Estas preguntas nos adentran en un terreno teóricamente complejo, que ha ocupado un lugar importante en la reflexión de las ciencias sociales. Para estas, en general este debate y se nutre de los estudios sobre justicia social y de la estratificación social, e involucra aspectos claves de lo que se considera socialmente construido, enfatizando el rol de elementos culturales e históricos en la configuración de las experiencias y percepciones de los sujetos al respecto. La discusión pone en el centro, en un primer lugar, qué y cuánto percibe la gente sobre la desigualdad, entendiendo esta como el acceso sistemáticamente diferenciado a los recursos socialmente valorados por parte de los sujetos o grupos sociales, en base a determinadas características histórica y socialmente determinadas.

Así, no siempre resulta claro que la gente que vive en sociedades con altos niveles de desigualdad percibe estas diferencias, aún considerando que muchas veces estas circunstancias contienen una gran dosis de violencia visible e invisible que los involucra directamente. Una vez establecido cuánto de esta desigualdad perciben, tampoco queda claro que los sujetos evalúen las desigualdades como negativas. En este punto entra la discusión sobre lo que se considera desigualdades legítimas —diferenciales en el acceso de bienes socialmente valorados que se consideran como resultado de características o mecanismos válidos, permitidos o consensuados— y desigualdad ilegítima —aquellos diferenciales que se considera son producto de atributos o mecanismos apuntados como injustos o improcedentes. Un ejemplo del primer tipo de desigualdades podría ser la idea de meritocracia, dado que los estudios indican que las personas en casi todo el mundo manifiestan una actitud positiva hacia las desigualdades producto del esfuerzo y trabajo individual. Un ejemplo del segundo tipo de desigualdades podrían ser aquellas derivadas de ciertos atributos de adscripción, tales como el género o la familia de origen, las que suelen ser apuntadas con mayor precisión como injustas por la población.

En esta línea, un primer punto a establecer es que se entenderá como percepción aquella capacidad de rango de lo cognitivo, vinculada al conocimiento del mundo exterior y que se encuentra cultural y socialmente mediada. Acá resulta claro que para que haya una percepción de una situación o relación como desigual tiene que existir una cierta narrativa que permita insertar una sumatoria de hechos que pueden ser considerados aislados en un determinado marco de sentido y significado (Butler 1997; Rosanvallon 2011; Tilly 2000; Reygadas 2004). Para el caso de las sociedades latinoamericanas, es importante considerar en este proceso no solo la diversidad cultural que va a marcar diferencias importantes en torno a lo que se considera desigual, legítimo o injusto (Sen 1999), sino también los diferenciales persistentes en la distribución del capital económico, social, simbólico y cultural, que delimitan posiciones en el espacio social y que a su vez influyen directamente en la posibilidad de producir, interpretar y modificar significados al respecto (Bourdieu y Eagleton 2003). Esto tiene suma relevancia en sociedades como la chilena, en la cual se observan altos niveles de desigualdad que se mantienen en el tiempo, ya que va generando grupos sociales que perciben tipos, aspectos y grados distintos de desigualdad en función de su posición en la estructura social y de la experiencia que a partir de ella tienen. Un ejemplo de estos es que para este país en específico, los estudios sobre percepción de desigualdades muestran que la población pobre y vulnerable es la que percibe menores niveles de desigualdad en relación a brechas salariales, aun cuando se encuentran ubicados en una posición de mayor desventaja (Castillo 2009).

Pero incluso considerando esto, la percepción de los niveles de desigualdad ha ido aumentando en nuestro país en general en las últimas décadas (PNUD 2017), aún cuando los indicadores de desigualdad se han mantenido relativamente estables. Los chilenos perciben hoy más desigualdad que hace veinte años y lo hacen centrándose en tres ámbitos que son los que más permean en su experiencia de vida: ingreso, salud y espacio público. Este aumento en la percepción implica un cambio en la sociedad, impulsado en parte por los altos niveles de conflictividad de los últimos quince años. Se ha modificado de manera importante, la forma en que los sujetos se sienten interpelados a actuar en lo cotidiano, fenómeno que se manifiesta cuando se problematiza el ámbito público, específicamente la calle (Araujo 2016; PNUD 2017), como una de las principales fuentes de malestar. En este espacio los sujetos se sienten abusados, pasados a llevar (PNUD 2017) y consideran que ello entra en el rango de lo inaceptable. Así, el espacio de las interacciones cotidianas no se encuentra distante de las grandes movilizaciones a las que hemos asistido en la última década, sino muy por el contrario, se nutren mutuamente a la hora de ir modificando las percepciones sobre desigualdades.

La percepción de las desigualdades está, entonces, directamente relacionada con las experiencias que los sujetos socioculturalmente enmarcados tienen desde las distintas posiciones sociales en las que se insertan. A través de estas experiencias cotidianas van contrastando día a día los ideales normativos provenientes de las narrativas sociales circulantes sobre igualdad-desigualdad (Araujo 2016). La sedimentación de estas experiencias permite construir marcos de sentido para la acción concreta y cotidiana. Desde esta mirada las creencias y preferencias de los sujetos sobre justicia distributiva no pueden ser comprendidas de manera separada ya que están profundamente imbricadas en el entramado de significaciones y experiencias que los rodean desde su nacimiento.

En los casos estudiados, la situación de vulnerabilidad y pobreza atraviesa la experiencia cotidiana, estableciendo los marcos de sentido para comprender la situación de desigualdad en la que se encuentran los habitantes de estos territorios degradados. El deterioro ambiental es una de las experiencias más significativas del día a día, al vivir en territorios tensionados constantemente por sus efectos. Las dinámicas socioculturales se articulan en torno a la mitigación de los efectos perniciosos de la degradación a todo nivel, por un lado, y la búsqueda de la reparación a través de la acción en distintas instancias institucionales o extra institucionales, por otro. La experiencia de la desigualdad socioecológica sintetiza así, la experiencia de vivir en sociedades desiguales, ya que en ella se engarzan vivencias sobre su posición en la estructura social, su relación con el Estado y sus diversas instituciones, su visibilidad en el espacio público, y su emplazamiento en el espacio urbano y/o rural, por nombrar algunas de las más relevantes.

Siguiendo a Boltanski (1999, 2002, 2006), en la vida cotidiana está contenido un sentido ordinario de lo que consideramos normalidad, que articula los principios que permiten tanto la justificación como la crítica de las desigualdades. En estos principios se juega el sentido de la justicia de los sujetos, ya que dichos principios son utilizados para problematizar o justificar determinadas situaciones de desigualdad, convirtiéndolas en objeto de denuncia o haciéndola procesable para los individuos. El autor es enfático en señalar que todos los sujetos poseen esta capacidad de juicio crítico y que la usan cotidianamente, aún cuando a veces podemos ver que es desigualmente usada. Desde esta lógica, si bien se observa una cierta relación, hay diferencia entre percibir la desigualdad y elaborar un juicio al respecto. En este segundo proceso se ponen en movimiento principios de equivalencia para la elaboración de gramáticas de justificación, otorgando legitimidad a ciertas desigualdades y deslegitimando otras. Este proceso es esencialmente conflictivo, dinamiza y transforma los valores de justicia de los sujetos y las sociedades a lo largo del tiempo. Va modificando los límites de lo tolerable, lo justo y lo injusto.

En los casos estudiados esto también se ve claramente. Al analizar a los dirigentes y organizaciones desde una perspectiva histórica, es posible ver cómo se ha ido transformando aquello que consideraban normal respecto al territorio degradado: para estos sujetos, los años de conflicto —en promedio alrededor de veinte— los ha hecho mirar de manera diferente su entorno, reconocer los signos de contaminación y los síntomas sobre sus cuerpos, a la vez que los ha vuelto menos pacientes a las respuestas, muchas veces erráticas, de los distintos actores que intervienen en el territorio.

Pero esto también es notorio a nivel general en el caso chileno, ya que si bien se observa una mayor percepción sobre las desigualdades, es el discurso de la meritocracia para la justificación del logro individual lo que ha ido incrementando su relevancia en las últimas décadas, sobre todo en las capas medias y medias bajas (Mac-Clure et al. 2015; Castillo 2016c; PNUD 2017), en desmedro de las narrativas que apuntan a los diferenciales de capital social, cultural, simbólico y económico que acompañan a los sujetos durante su curso de vida. Vemos aquí un juicio crítico que apunta a otorgar legitimidad a las desigualdades que provienen del trabajo y esfuerzo individual, aún cuando los datos nos indican que estas diferencias muy poco tienen que ver con este componente. Es posible decir entonces que cuando hablamos de la percepción y legitimación de las desigualdades estamos hablando de una serie de mecanismos socioculturalmente anclados que van trazando las diversas rutas a través de las cuales los sujetos se enfrentan a las situaciones de desigualdad, y también desde las cuales construyen sus diagnósticos y gramáticas, y que pueden no ser del todo coherentes entre sí.

Percepciones sobre desigualdades en contextos tóxicos

Para los casos estudiados las percepciones de desigualdad están relacionadas con la experiencia de vivir en contextos tóxicos y la intersección entre lo ambientalmente degradado y las dinámicas socioculturalmente asociadas. Es esta experiencia la que sintetiza la relación problemática del sujeto en el espacio social desigual, desde el plano más privado e individual a la dimensión más colectiva y contenciosa. Este contexto tóxico se caracteriza por la intervención constante de distintos agentes en los territorios, en el marco de posiciones desiguales de poder y capital que van configurando situaciones de incertidumbre y doble victimización de la población pobre y vulnerable (Auyero y Swistun 2008). En este marco, cabe diferenciar las percepciones de degradación ambiental y las de desigualdad, ya que las primeras tienen que ver con cómo ven el entorno los sujetos, si identifican contaminación o degradación en su espacio inmediato y en qué se manifiesta; mientras que las segundas van un paso más allá, relacionándose con la búsqueda de explicaciones, responsabilidades y soluciones a esta degradación ambiental. Es en estas últimas donde se pone la mirada relacional y se releva la propia posición en el espacio social, y es la razón del porqué, para el caso de este trabajo, nos enfocaremos en estas, que se describen en función de los cinco elementos claves que moldean el contexto tóxico.

El conocimiento experto

El primero de los elementos que impacta en las percepciones de desigualdad es el conocimiento experto. Esto sucede porque muchas veces son los expertos quienes le ponen nombre al problema de la contaminación y a sus efectos sobre la salud de los sujetos, proceso que está cruzado por las asimetrías de conocimiento y legitimidad de los actores para hablar y ser escuchados.

La existencia de contaminación y las responsabilidades asociadas son fenómenos en disputa constante entre las comunidades, el Estado y las empresas. En esta disputa operan varios dispositivos que generan altos niveles de incertidumbre entre la población y que están sumamente imbricados con los discursos médicos o de la biología y ciencias ambientales. Los dirigentes están permanentemente denunciando una situación que no es reconocida por los agentes externos al territorio, quienes les acusan de exagerar, no entender o ser negligentes. Su voz y su experiencia, que normalmente no utiliza el lenguaje experto, es negada en incontables situaciones. En todos los casos estudiados los dirigentes sociales deben buscar tempranamente la asistencia de expertos, ONG, universidades y/o estudiantes que puedan dar legitimidad a su voz frente a las autoridades, nombrar el problema en un lenguaje técnico y explicar la situación incluso frente a la misma población incrédula que habita en estos espacios.

Nosotros tuvimos veintisiete casos de la enfermedad Guillain-Barré en el sector y uno de los casos tuvo la suerte de atenderse en otro hospital que no fue el de la zona. Fue el Hospital de Carabineros, que es mejor. El médico del Hospital de Carabineros primero pensó que la mamá del niño, que tenía como once o catorce años, Samuel se llamaba el niño, la mamá se llama Irene. Ella primero fue acusada por los médicos porque pensaban que ella había estado intoxicando a su hijo, fue como bien crítica la cosa. En la sangre de los exámenes que se le hacían a Samuel aparecían raticidas o insecticidas o cosas así bien fuertes. Después que hicieron una investigación policial a Irene se dieron cuenta de que no era ella la que estaba provocando eso. Entonces los médicos preguntaron si vivía cerca de un vertedero y la Irene en ese momento les dijo que no, que era imposible, porque nadie sabía nada aún. (Entrevista a la dirigente social, Bajos de Mena, Santiago de Chile, 2014)

El conocimiento experto actúa también como una de las principales desigualdades que perciben los individuos en el marco del conflicto, ya que los impactos y los responsables de la contaminación se plantean en términos técnico-científicos de alta complejidad. Para poder participar en un diálogo, los dirigentes deben aprender el lenguaje médico y de las instituciones, por lo que deben lidiar con los diferenciales de conocimientos formales derivados de su condición de pobreza. Esto acrecienta la percepción de desigualdad, sobre todo porque estas diferencias son usadas en su contra, a fin de implementar medidas sin la debida información o consentimiento de la población. Por esto, el aprendizaje de este lenguaje es concebido como algo de suma importancia, ya que en ello radica la posibilidad de sentarse a la mesa y hablar de igual a igual. Paradójicamente, mientras más aprenden y más se encuentran en instancias formales de negociación, mayor es su percepción de desventaja, ya que son pocas las instancias de estas características que realmente tienen por objetivo tomar decisiones en conjunto con la población afectada.

Nos llevaron a Santiago en una oportunidad, nos instalaron en el hotel Vitacura. Pero nunca se dio la famosa mesa de trabajo que nos prometieron. Encontramos que era desigual, porque ellos nos llevaron pero en el fondo fue como para mostrar a los dirigentes, bajarle un poco el perfil, hacer como que escuchaban. Porque nosotros no teníamos una contraparte técnica, ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer y nosotros no teníamos derecho ni a voz, ni a voto, ni a opinión no entendíamos nada. (Entrevista a la dirigente social Los Industriales, Arica, 2013)

Ante la exigencia de las comunidades de estudios que determinen fidedignamente los tipos, niveles e impactos de la contaminación, en todos los casos los distintos niveles del Estado han tenido una reacción lenta, han obstaculizado el logro de este objetivo o ha deslegitimado los estudios encargados a terceros, especialmente cuando estos han apuntado a la existencia de niveles peligrosos de contaminación. Por esta razón, el conocimiento experto se transforma en un espacio de incertidumbre, cruzado por las relaciones de poder del territorio. Un ejemplo de esto es que en los casos de Arica, Ventanas y Bajos de Mena, las comunidades han debido forzar la repetición de estudios y han realizado otros con ayuda de personas e instituciones del campo académico y organizaciones no gubernamentales (ONG). A la incertidumbre y desconfianza que generan en la población los resultados de los estudios producidos por instituciones oficiales, se le suma la alta complejidad técnica que implica un estudio toxicológico capaz de establecer causalidades y responsabilidades en contextos de concentración de varias cargas ambientales. Este hecho ha sido particularmente relevante en los casos de grandes sucesos catastróficos, como los eventos de intoxicaciones masivas por contaminación del aire en el polo industrial de Ventanas o de contaminación del Río Loa, en donde después de numerosos estudios, no se ha logrado establecer a ciencia cierta qué sucedió, quiénes son los responsables y los estudios son repetidos una y otra vez con resultados diversos.

Empobrecimiento y dependencia

El contexto socioeconómico de todos los territorios en que se insertan y operan las cargas ambientales está marcado por la pobreza y la vulnerabilidad, que se ven agravadas por esta situación de degradación. En los casos en los que esta degradación proviene de actividades que se mantienen en curso, se genera además una relación de dependencia económica de la población local al deteriorarse gravemente otras fuentes alternativas de ingresos. Las actividades productivas y de subsistencia en estos territorios, como la agricultura, la ganadería, la pesca y la recolección terrestre (frutos, hierbas y otros vegetales) y marina (mariscos y algas) desaparecen paulatinamente, lo que genera una progresiva pauperización:

A nosotros nos dejó pobres el vertedero, nosotros éramos unas personas que nunca comprábamos carne, ni pollo, porque siempre estaba en la casa, animales, cordero, chancho, verdura. Ahora todo nosotros tenemos que comprar, por el mismo tema de la contaminación. También mi mamá siempre plantaba de todo e iba a vender, vendía en la feria. Y ahora tampoco se puede hacer eso porque aunque la gente cultive, hay que cultivar para nosotros nomás, porque si vamos a vender, no nos van a comprar. La gente no quiere comprar cosas contaminadas. (Entrevista a la dirigente mapuche caso Boyeco, 2015)

En el caso de los polos industriales o la minería, si bien en un momento inicial se establece que el costo ambiental y el deterioro de las economías locales estarán de la mano de una activación económica importante, en la que los habitantes de estas zonas degradadas obtendrán empleos bien remunerados y podrán revertir su situación de pobreza, sin embargo, las características de las empresas y su funcionamiento, altamente tecnificadas y cruzadas por cadenas de abastecimiento transnacionales, hacen imposible esto. La población se inserta entonces en los circuitos económicos de servicios y subcontratación que se generan alrededor de estas actividades económicas, con niveles de precarización importantes. Esto sin duda aumenta la percepción de desigualdades:

Nosotros tenemos aquí la minería en la zona, tenemos personas contaminadas. Pero el trabajo, es de la mayoría de la gente viene del sur ¿Y dónde estamos nosotros los indígenas? Deberían empezar a darnos el trabajo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mi hijo ahora trabaja en una minera, en una nueva que se abrió. Me dice: “Mamita, soy el único indígena, soy yo en mi área y hay dos más en otras áreas diferentes, somos tres indígenas mamá, somos los únicos negros, los otros son blancos como leche”. (Entrevista a la dirigente indígena Likan Antai, Alto Loa, 2014)

En un contexto general de vulnerabilidad y degradación ambiental, el empleo directo e indirecto que generan las actividades que producen la degradación se vuelve central en la dinámica económica local, aun y cuando esto signifique una economía al borde de sobrevivencia. Cualquier actividad ofrece una remuneración más estable, continua y lucrativa que la agricultura y la ganadería. Esto acrecienta la sensación de que la posición de pobreza y vulnerabilidad no implica solo una pérdida económica, sino también una pérdida de dignidad. La dependencia económica hacia estas actividades es sentida como una forma más en la que se manifiesta la sociedad desigual y el propio lugar en este espacio social estratificado:

Acá el mapuche era reacio a ir a trabajar en el vertedero, por las infecciones. Es basura la que llega, entonces es un riesgo para la gente que se metió ahí a trabajar al final, es sucio. En parte fue para sacarle provecho a lo que nos vinieron a dejar. Si nos vinieron a ensuciar nuestro campo, hay que buscarle el 5 por ciento bueno que tiene. Fue por necesidad sobre todo, en vista a que ya no se podía hacer nada acá. Da pena ver a la gente mapuche ahí con sus niños y todo. (Entrevista a la dirigente indígena Mapuche, Boyeco, 2015)

El rol del Estado

Otro de los elementos claves es sin duda el Estado con sus múltiples niveles y escalas de intervención. Por un lado es el interlocutor fundamental de los dirigentes en el marco del conflicto y, por otro lado, es el principal interventor en el territorio a través de sus múltiples instituciones, lo que muchas veces configura intervenciones contradictorias que van modelando situaciones de doble victimización. Por esta razón, es el Estado en su relación cotidiana con la población, uno de los elementos claves en la modificación de las percepciones sobre desigualdades. Cuando los entrevistados hablan sobre desigualdad, la mayor parte de las veces su relato se refiere al trato que han recibido desde el Estado en el marco de la situación de degradación ambiental y el conflicto asociado a esta:

Hasta el día de hoy, nosotros no confiamos en ningún tipo de autoridad, nosotros tomamos la decisión de no acceder al servicio público de salud por un tema de miedo, por todo el tema de negligencia tras negligencia que se han cometido, particularmente con nuestro caso por ser pobres. (Dirigente caso Arica, entrevista de elaboración propia, 2015)

Aquí hubo un exterminio prácticamente como si fuéramos cucarachas, bichos. Porque en el fondo ellos instalaron acá, el Estado instaló acá los desechos tóxicos y después construyó arriba nuestras casas. (Dirigente caso Arica, entrevista de elaboración propia, 2015)

Esta percepción se encuentra sintetizada en la dicotomía ricos/pobres, que si bien tiene un componente relativo al ingreso, alude también a la existencia de estatus diferenciados de ciudadanos —ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase—, expresados en la existencia de derechos diferenciados y trato desigual. Los ciudadanos de primera clase son aquellos que tienen poder adquisitivo y que, por lo tanto, acceden a una mejor salud, una mejor educación y a mejores remuneraciones, pero además son respetados, tratados con consideración y sus necesidades son satisfechas. Los ciudadanos de segunda clase, entre los que se sitúan los entrevistados, no solo no acceden a los mismos bienes, sino que se enfrentan a una permanente vulneración de derechos y a malos tratos. Todo esto adquiere materialidad cuando los sujetos hablan de su relación con el Estado, marcada por la espera desde una posición en la que no pueden exigir ni reclamar frente a otro que tiene todo el poder (Auyero y Swistun 2008; Auyero 2013; PNUD 2017). Esto puede verse claramente en el discurso de los dirigentes indígenas:

Ahí está lo que decimos nosotros: el racismo ambiental. Porque en otra parte, recuerdo yo, escuchamos por las noticias que iban a instalar un vertedero, pero todos los que vivían ahí eran dueños de fundo. Ellos se unieron y jamás se instaló el vertedero ahí. Y acá no, porque acá lamentablemente a los mapuche siempre nos pasan a llevar, por falta de conocimiento, por la humildad que uno tiene. Es fácil para la gente que está más arriba en el Estado pasarnos a llevar. (Entrevista a dirigente Mapuche, Boyeco)

Para el caso de un Estado centralizado como el chileno, esta relación entre individuo y Estado está cruzada también por la dicotomía centro/regiones que se expresa, por un lado, en un abandono relativo en términos de infraestructura y servicios públicos de las regiones, y por otro, en una intervención que opera a través de legislación, los planes de desarrollo y el apoyo social. En los casos de Alto Loa y Ventanas, las empresas que más recursos generan, como CODELCO, El Abra, AES Gener y Puerto Ventanas, destinan fondos para cubrir los efectos de este abandono relativo del Estado bajo el concepto de “responsabilidad social empresarial”. Así se vuelven parte fundamental de las dinámicas cotidianas a través de la construcción de caminos, servicio de agua potable, alcantarillado y mejoramiento de sedes sociales, por nombrar algunos.

En tanto, el Estado focaliza su intervención en el ámbito productivo y de asistencia social a través de distintas instituciones y programas. Un ejemplo de esto son los casos de Alto Loa y Boyeco, donde la presencia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y del Instituto de Desarrollo Agropecuario es fundamental, pues las comunidades indígenas están en constante interacción con ambas instituciones para obtener acceso a agua de riego y consumo humano, asistencia, equipamiento, infraestructura y capacitaciones para proyectos productivos agrícolas. A través de dichas instituciones el Estado no solo fomenta el desarrollo de las actividades agropecuarias en zonas contaminadas, sino que además determina qué, cómo, dónde y con quiénes se trabaja, tensionando aún más las dinámicas internas de las organizaciones.

En términos de percepciones de desigualdad esta oposición centro/regiones es particularmente importante en esta investigación ya que cuatro de los cinco casos analizados pertenecen a regiones fuera de la capital. Se vincula a una sensación de postergación, falta de servicios básicos y oportunidades que no se ve en la zona central del país y se fortalece en torno a dos hechos fundamentales. En primer lugar, en los casos donde la contaminación se genera por la actividad industrial, como Ventanas y Alto Loa, se refiere a la dinámica de distribución de las ganancias generadas, que concentra la riqueza en el centro pese a que son ellos quienes pagan los costos o los que se sacrifican. En segundo lugar, la desigual visibilidad en el espacio público, ya que los entrevistados constantemente refieren que en el marco del conflicto socioambiental en el que se encuentran involucrados la búsqueda de reparación está vinculada a la idea de hacerse escuchar en Santiago y por las autoridades centrales, sin mucho éxito. Esta oposición se ve complementada, en el caso de los territorios rurales, con la dicotomía rural/urbano, en donde a esta sensación de postergación dada por habitar en regiones se suma la de habitar en un territorio rural aún más postergado.

Hay que considerar que todos estos elementos adquieren matices importantes cuando analizamos las entrevistas de los casos con población indígena. En estos, la emergencia del movimiento político indígena ha entregado un marco discursivo general en el cual los sujetos han insertado su experiencia de vivir en una sociedad desigual identificando la relación desigual establecida entre sociedad chilena-Estado-población indígena en el centro de su discurso. Se observa no solo cuando hablan de las diferencias en el acceso a salud y educación, sino sobre todo cuando se refieren a la experiencia cotidiana de discriminación o maltrato por parte de las instituciones públicas o sujetos individuales, en donde la condición de ser indio es la que articula, desde el centro, a todas las demás variables de relevancia, tales como la pobreza, el género, la ruralidad y los diferentes niveles educacionales, como expresa una de las comuneras mapuches entrevistadas en Boyeco en 2015: “Hay desigualdad, hay mucho atropello al pueblo mapuche. Nosotros nos sentimos así, atropellados y más por este alcalde, que no se motiva ni siquiera por arreglarnos un camino. Nosotros le mandamos una carta pidiendo que por favor nos mande una máquina para hacer una letrina, una fosa porque no tenemos alcantarillado y ni eso ha hecho por nosotros.”

Esta conflictiva relación entre sociedad chilena-Estado-población indígena, que marca la reproducción de desigualdades para los entrevistados, delimita acciones que se inscriben en dos polos: el abandono y el exterminio. Por un lado, la sociedad chilena y, sobre todo, el Estado, han abandonado a la población indígena en términos de desarrollo e infraestructura en sus territorios. Este polo es particularmente fuerte entre los entrevistados del Alto Loa, ya que los territorios habitados por la población indígena se ubican en las zonas altas, muchas veces fronterizas, y con niveles de aislamiento importantes hasta hace pocos años. El polo del exterminio es más fuerte en los discursos de los habitantes de la zona mapuche de Boyeco, una zona que queda a pocos kilómetros de Temuco y que forma parte, desde hace varias décadas, de un conflicto de importancia nacional por el uso y propiedad de las tierras, como se ve en la siguiente cita: “Siempre hemos pensado que es una forma de exterminio a nuestro pueblo no más. Para que se enfermen, para que se mueran rápido, para que dejen la tierra” (entrevista a dirigente mapuche, Boyeco, 2015).

Rol de los medios

A pesar de que los sujetos apuntalan sus sospechas a partir de la voz del experto, no obtienen soluciones sino hasta que existe un hito mediático: reportaje, cobertura de prensa de hecho puntual, denuncias en programas de servicio público. Esto funciona tanto al interior del territorio —desestimando las dudas de la población más escéptica— pero sobre todo hacia las autoridades implicadas. Aún cuando las organizaciones ya cuentan con un gran acervo de conocimiento que logran consolidar a partir de colaboraciones, no son escuchados a partir de acciones que se inscriben dentro del repertorio tradicional de protesta: tomas de carreteras, tomas de locaciones, cortes de calle, marchas. Es la voz de la prensa la que hace visibles a los habitantes de estos territorios, generando respuesta desde las autoridades. De manera paradójica, si bien la intervención de la prensa es decisiva en la búsqueda de soluciones, también desata un efecto inesperado y adverso: la estigmatización de la población, ya que las imágenes transmitidas por la prensa siempre buscan aumentar el impacto mediático, como nos refiere una dirigente durante el proceso de trabajo de campo:

Lo más visible fue el 2004, empezó a llegar harto la televisión, yo me acuerdo que estaba este programa de la Eli de Caso y se metieron de lleno en la población nuestra a trabajar con el doctor Enrique Paris. Lo que decía el doctor Enrique Paris era que los niños que tenían la enfermedad de Guillain-Barré aparecían con metales pesados. También entró otra institución a hacer unas muestras de sangre y se dieron cuenta que efectivamente los niños tenían mercurio, tenían cobre, tenían plomo en la sangre, en la orina, entonces, dijeron en la tele que la gente tenía que salir del sector y hay varias familias que se fueron en ese momento. (Entrevista a la dirigente social, Bajos de Mena, Santiago, 2014)

En el caso de Boyeco, la visibilidad está marcada por la muerte de un niño por una bacteria asesina que puso en relevancia la contaminación del suelo por el vertedero, al igual que en Bajos de Mena, donde son los diagnósticos y muerte de niños por el síndrome de Guillain-Barré lo que hace que el caso adquiera importancia ante los vecinos. En el caso de Arica, este fenómeno está marcado por la sucesión de abortos espontáneos y de enfermedades que registró el mediático reportaje “Contaminados” del programa de televisión Contacto (Canal 13). En Ventanas esto sucedió con el caso de los “hombres verdes” y de la “nube tóxica” que se posó sobre la escuela La Greda, mientras que en el Alto Loa se generó a partir de los sucesivos episodios de contaminación del río Loa que sacaron a la luz pública la situación de degradación ambiental causada por la minería.

Rol del aparato judicial

En todos los territorios un hecho sumamente relevante es la conformación de acciones legales, sobre todo considerando que varios registran acciones exitosas en términos de fallos favorables y reparación monetaria para las familias involucradas. Las sentencias sientan un precedente clave para ratificar la situación ante los ojos de los vecinos y autoridades incrédulas, acrecentando el conflicto y multiplicando a su vez las acciones legales. Pero esto genera también una gran incertidumbre en la población, dadas sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza: hay abogados que nunca vuelven a aparecer, los sujetos firman papeles que muchas veces no saben ni a qué causa pertenecen o participan en muchas causas a la vez. También aquí se documentan nuevas formas de victimización: para participar deben estar dispuestos a mostrar sus cuerpos, el de sus hijos o hacerse exámenes en situaciones poco privadas o vejatorias. La situación de vulnerabilidad frente a este proceso queda manifiesta en el siguiente extracto de entrevistas:

A nosotros nos metieron en muchas demandas y al final nuestras todas demandas quedaron viciadas. Porque nosotros no podemos demandar al servicio de salud más de una vez por la misma causa. Eso no lo sabíamos. Yo estoy en varias demandas que me dijeron “usted tiene que estar” y al final, quedamos viciados. Nosotros no podemos volver a demandar de ninguna otra cosa que no sea lo que ya demandamos y ya tenemos demandado por todo y nada resultó. Entonces yo pienso cuál era la finalidad de meternos en muchas demandas y dejarnos en abandono, porque nos dejaron en el abandono después. (Entrevista a dirigente social, Cerro Chuño, Arica, 2014)

Cuando el conflicto se judicializa, nuevamente asume una temporalidad externa (Auyero 2013). En ambos casos esto sucede cuando los dirigentes ya están cansados de las mesas de trabajo y respuestas incompletas de las autoridades. Asumen que el poder judicial obligará a quiénes no los han escuchado a repararlos y por eso están dispuestos a asumir el costo de respetar los largos tiempos judiciales. La judicialización de la experiencia tóxica pone precio a la reparación y es una vía concreta para hacerse cargo del daño, pero en ambos casos ha sido insuficiente para trasladarse a otro lugar, a la vez que ha establecido una diferencia que permanece hasta el día de hoy entre víctimas que merecen resarcimiento y gente que se aprovecha, en donde las víctimas deben demostrar con efectos visibles y con exámenes médicos su afectación. Esto agudiza la percepción de injusticia, como es posible ver en las palabras de esta dirigente: “Yo creo que a nosotros nos pasó esto porque somos pobres, no encuentro otra razón, porque si tuviéramos los recursos para demandar, para realmente tener un abogado así brillante, no sé si brillante, pero alguien que se la jugara realmente por los pobres, la cosa no sería así. Yo creo que en realidad los gobiernos, el Estado, están acostumbrados a tirarle migajas a la gente no más. Es lo que nos han dado” (entrevista a la dirigente de Bajos de Mena, Santiago, 2015).

Gramáticas de la legitimación

Tal como se establece en la primera parte de este trabajo, aunque hay una cierta relación entre la percepción de desigualdades y la elaboración de un juicio respecto a ellas, esto no necesariamente es un paso inmediato. En el marco de los casos estudiados, esto se produce tras muchos años en el marco de un conflicto que va transformando las ideas de lo que es justo, injusto e indignante. Este proceso contempla la elaboración y transformación constante de juicios críticos que les permiten explicar lo que sucede y hacer relativamente tolerable esta violencia de carácter cotidiano. Estas son gramáticas de legitimación, narrativas que nombran la situación de desigualdad socioecológica y aunque no todas buscan justificar esta situación para los sujetos, en algunos casos estas gramáticas tienen un efecto legitimador, pues establecen estrechos marcos para la acción transformadora de los sujetos.

Esto es particularmente claro en los casos estudiados, en donde la presencia de gramáticas de legitimación coexisten con gramáticas críticas producidas en el marco de largos períodos de conflicto y actividad de las organizaciones. Es importante considerar que en todos los casos estudiados se documentan acciones colectivas de protesta y movilización con cierta visibilidad desde hace por lo menos dos décadas, lo que ha permitido ir instalando poco a poco una cierta narrativa sobre las desigualdades socioecológicas. En los casos más recientes, Boyeco y Bajos de Mena, este proceso se remonta a la primera y segunda mitad de la década de 1990, respectivamente. En el caso de Alto Loa y Ventanas, si bien la instalación de las primeras faenas mineras e industrias datan de casi medio siglo atrás, la emergencia de acciones colectivas de protesta comienza a darse recién en la década de 1990. En todos los contextos, resultó fundamental para la problematización de la situación el debate en torno a Ley 19.300 por la Comisión Nacional de Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la década de los noventa. Para los casos con población indígena, también es sumamente relevante la promulgación de la Ley Indígena 19.300 y la adscripción de Chile al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, solo queda señalar que los procesos de legitimación son dinámicos y complejos, incluyen ciclos de acción colectiva, visibilidad y de fragmentación social e invisibilidad en el espacio público. En todos los casos estudiados, estas gramáticas se encuentran también en forma híbrida entre los habitantes de los territorios.

Cuando se analiza la experiencia de desigualdad socioecológica, es posible identificar cuatro aparatos discursivos simultáneos que permiten que estas experiencias de alto contenido de violencia puedan ser procesadas por los sujetos y engarzadas en términos de significado a las biografías personales: la naturalización, la relativización, la negación y la resignación.

El primero —la naturalización— refiere principalmente a la consideración de estas experiencias como un fenómeno normal, siempre presente en la cotidianeidad de los territorios. Esto se observa en los casos donde las actividades interventoras son de más larga data, tales como el polo industrial Ventanas y Alto Loa. Esto puede graficarse en el siguiente extracto de entrevista: “Igual llega la ceniza. La ceniza la hemos tenido siempre, siempre. Entonces, yo no soy una persona que digo ‘¡ah! tengo ceniza en el piso, que horror’, para mí no es algo novedoso. Tampoco me hago una alarma tan grande, si es algo que ha vivido conmigo siempre. El miedo está en que a lo mejor puede que te haga daño, pero uno igual aspira, yo barro, saco las cenizas, no me caliento la cabeza” (entrevista a la dirigente social, Ventanas, Puchuncaví, 2014).

El segundo —la relativización— alude a la percepción de que la vulneración que proviene del vivir en un ambiente degradado ha ido disminuyendo con el tiempo, a raíz de una serie de dispositivos de mitigación introducidos a partir de intervenciones públicas y/o privadas. Acá hay un diagnóstico positivo, que tiende a poner en relieve los aportes de los actores que degradan el territorio, como se ve en las palabras de una de las dirigentes del controvertido polo industrial de Ventanas: “A comparación de años anteriores, no hay tanta contaminación. Porque ahora con todo lo que ellos han puesto, filtros, todo eso, está mucho mejor. A nosotros no nos afecta tanto el humo de CODELCO, porque el humo de CODELCO si hay viento se va a otro valle. Otro que nos afecta es Gener con su ceniza, pero pusieron una malla ahora. Hay que ser consciente y hay que tener una visión que sí los tipos se preocupan” (entrevista a la dirigente social, Ventanas, Puchuncaví, 2014).

El tercer aparato discursivo, —la negación—, ocupa, en todos los casos, un lugar minoritario y corresponde a la afirmación de que la contaminación no existe o es muy baja. Pese a esto, es posible encontrar este discurso en algunos de los sujetos entrevistados, como se ilustra en la entrevista: “Yo por lo menos no veo contaminación, yo estoy feliz, como ciruelas de allá fuera de mi patio, damascos, nísperos, ni los lavo, solamente los limpio con la mano y me los sirvo. Nunca he tenido alguna enfermedad, excepto cuando me hice la cesárea de mi última hija, nada más” (entrevista a la dirigente social, Ventanas, Puchuncaví, 2014).

Finalmente, es posible identificar un cuarto mecanismo, la resignación. Este alude principalmente a un historial de interacciones con distintas instancias del aparato estatal y actores privados que derivaron en escasos o nulos resultados positivos para las comunidades. En dicho proceso, las acciones de las comunidades han significado un esfuerzo enorme en términos de fuerza de trabajo, capital social, recursos económicos y desgaste emocional, que se prolonga en el tiempo y parece nunca llegar a puerto, por lo que muchas veces la población, simplemente, pese a percibir la situación como injusta e intolerable, mantiene una actitud en la que concluyen que es imposible revertir la situación, ya que se encuentran en una disputa de David contra Goliat, como se ve claramente en la siguiente entrevista:

Al pasar de los años todo esto te va pasando una cuenta. A mí me pasó la cuenta en salud, a mi hija que también tiene un problema de salud, aparte terminó en separación porque nosotros con mi marido nos separamos. Y hay una parte del día que tú tienes un minuto de lucidez y tú dices ¿qué estoy haciendo, para dónde voy y qué estoy logrando con esto?, y pones todo en una balanza (…) Los vecinos que estaban con nosotros desertaron definitivamente de las organizaciones, no venían a la reunión, no asistían, no pagaban cuota, nunca se preocuparon de nada y nosotros tratamos de sacar la organización a flote como pudimos, pero finalmente nos derrotaron. (Entrevista a la dirigente de Polimetales, Arica, 2015)

Conclusiones

A través del estudio de cinco casos ubicados en Chile se ha buscado responder a la pregunta sobre cómo sus habitantes conviven y comprenden las desigualdades socioecológicas, entendiendo que estas amenazan la posibilidad de la vida en su sustrato más íntimo y visible: la salud, el cuerpo y el territorio. Representan casos de estudio en los que es posible ver de manera privilegiada cómo operan los mecanismos que delimitan la percepción y legitimación de las desigualdades en una de las dimensiones que menos ha sido tratada por los estudios del campo, la socioambiental. Esto es relevante porque la creciente presión sobre el medio ambiente y sus recursos muestra que esta tendencia —una desigual distribución de cargas ambientales—, con todas sus consecuencias sobre la población pobre y vulnerable, no se verá sino agudizada en los próximos años.

En este marco, el artículo ha mostrado que la percepción de las desigualdades en general, y de las desigualdades socioecológicas en específico, si bien es tributaria de las grandes narrativas sobre la igualdad propias del siglo XX y XXI, adquiere una forma concreta para los sujetos a través de experiencias significativas ancladas en el espacio de lo cotidiano. Por esta razón, en los casos estudiados la dimensión socioecológica de la desigualdad y el conflicto asociado a la degradación ambiental son elementos clave en la constante disputa y redefinición de lo que es considerado justo, intolerable o normal por los sujetos. Es en el contexto de esta vulneración de derechos que los habitantes de estos territorios experimentan y dotan de significado el vivir en una sociedad desigual, siendo también la experiencia cotidiana de maltrato a la que se ven expuestos en la búsqueda de reparación la que va construyendo su diagnóstico de lo que consideran injusticia. En este marco, estas gramáticas de la legitimación van entregando formas dinámicas de nombrar y coexistir con esta violencia invisible, orientando la acción a lo largo del tiempo. Sin duda, queda pendiente para trabajos futuros, un análisis más detallado de las dinámicas de construcción de gramáticas para la acción colectiva y de carácter no legitimador, dichos elementos se encuentran presentes en los territorios analizados pero por razones de extensión no fue posible incluirlos.

Notas

1La noción de cargas ambientales se hizo operacional a través de los siguientes datos: emplazamiento de vertederos legales, plantas de tratamiento de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas, industrias y enclaves mineros. 

2Más específicamente se usaron los siguientes criterios: (a) territorios con antecedentes documentados de exposición sistemática a altos niveles de contaminación, y (b) territorios cuya población supera el 50 por ciento en los grupos ocupacionales en la base de la estratificación, según los grandes grupos del código CIUO e ingreso bajo y/o medio bajo. Una vez seleccionados los casos a partir de estas pautas, se establecieron los siguientes criterios adicionales: (c) territorios diversos en representación de variable urbano/rural; (d) territorios diversos en representación de variable de adscripción étnica; (e) territorios diversos en representación de fuentes y tipos de contaminación; y (f) territorios diversos en niveles de conflicto, organización y judicialización. 

3Estos talleres de discusión consistieron en abordar de manera individual y colectiva tres aspectos: primero la percepción sobre las distintas dimensiones de desigualdad; luego los niveles de tolerancia/legitimación; y finalmente las acciones legítimas para transformarla. 

Agradecimientos

Investigación financiada por Proyecto FONDECYT de Iniciación Nº 11140008; Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas-CIIR, Código de Proyecto: CONICYT/FONDAP/N° 15110006; ANID-Iniciativa Científica Milenio-Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, CESIEP Código NCS13_004 y por Observatorio de Transformaciones Socioeconómicas (ANID/PCI/MAX PLANCK INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETIES/MPG190012).

Información sobre los autores

Mayarí Castillo es profesora titular del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor, del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP).

Iván Sandoval es antropólogo social de la Universidad de Chile y Magíster en Geografía y Geomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador de la Fundación Habitar y miembro del Colectivo La Minga.

Carolina Frías es antropóloga social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

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